La Corte de EE UU rechaza un recurso de Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF
El Gobierno de Macri había pedido el traslado a Buenos Aires de un reclamo del fondo Burford Capital
Duro revés a la estrategia de Argentina en el enfrentamiento legal que libra en Estados Unidos contra un fondo buitre por la estatificación de la compañía petrolera YPF en 2012. El Tribunal Supremo del país norteamericano rechazó la petición de Buenos Aires para que se revise la jurisdicción del caso buscando dar por terminado el litigio con Burford Capital. El juicio deberá continuar, por tanto, en el Distrito Sur de Nueva York, tumbando cualquier esperanza de que se resuelva con la intervención de jueces argentinos.
El pleito se presentó en Nueva York porque la petrolera cotiza en Wall Street. En juego hay 3.500 millones de dólares. La corte es la misma que en la que en su día fue presidida por el fallecido juez Thomas Griesa, de malos recuerdos en Argentina por sus fallos a favor de los holdouts, y que ahora está bajo el mando de Loretta Preska. El fondo Burford se hizo con los derechos de juicio de Petersen Energía —de la familia argentina Eskenazi— para reclamar el impago de la deuda en nombre de inversores afectados por la expropiación de YPF a Repsol.
Los fondos buitre argumentaron en el pasado que Argentina debió ofrecer a los inversores minoritarios una indemnización equivalente a la que se hizo a Repsol, unos 5.3400 millones de dólares, tras la intervención estatal en la petrolera española. El veredicto del Supremo de EE UU a favor del fondo de inversión no es en todo caso una sorpresa, después de que el Departamento de Justicia recomendará semanas atrás que la demanda continuara. Aunque el juicio se queda en Nueva York, hay abiertas otras vías de apelación.
El Ejecutivo de Mauricio Macri diseñó toda una estrategia para tratar de desactivar el litigio en EE UU y poder llevarlo a Argentina, donde sus posibilidades de ganar son mayores. Se buscaba así que Burford se echara para atrás y desistiera de seguir litigando, entre otros motivos porque para iniciar el juicio en Argentina debe depositar una tasa de justicia del 3% sobre la suma reclamada. Pero al final, el Supremo optó por no escuchar los argumentos del Gobierno argentino en un asunto clave que puede hacer de espita para otras demandas contra el país. Buenos Aires insiste en que su intervención en YPF fue un acto soberano, y por lo tanto estuvo amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés).
Bruford compró a la justicia los derechos de litigio de las empresas de la familia Eskenazi, que en 2012 era accionista de Repsol-YPF y se quedó sin nada luego de la estatización. Los Eskenazi compraron en 2008 un 15% de YPF por 2.235 millones de dólares. En una operación anterior, habían comprado otro 10% a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías armadas para la ocasión en Madrid con el objetivo de reducir el riesgo local de la operación. Ambas operaciones no tuvieron motivaciones económicas, sino políticas. Las había impulsado el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que celebró el ingreso de los empresarios locales como parte de un proceso de “argentinización” de la petrolera de bandera, vendida por Carlos Menem a Repsol a finales de los años noventa.
Se inicia ahora una nueva etapa del juicio, que se encontraba en pausa a la espera de la decisión de la Corte. La defensa argentina insistirá ante Preska con el pedido del cambio de jurisdicción. Si ese procedimiento fracasa, puede decir que el problema de la demanda de Burford es de origen, porque Argentina considera que hubo un acuerdo entre el fondo y los empresarios argentinos para reclamar por la estatización de YPF ante los tribunales de Nueva York. En 2015, cuando se inició el juicio, Grupo Petersen, el que agrupa a la familia Eskenazi, dijo a través de un comunicado que no tenían nada que ver con el asunto. “Petersen Energía no posee ninguna tenencia accionaria en YPF, el Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior”, señaló por escrito.
Pero Argentina no se dará por vencido y es probable que pida a la jueza Preska que investigue a Burford Capital, sus nexos con el Grupo Petersen y el camino que se inició en una empresa petrolera en Argentina y terminó con un juicio millonario en Nueva York. La estrategia puede llevar a la apertura de archivos clasificados y derribar, esa es la intención argentina, toda la ingeniería de la demanda.
