Ante los problemas que se presentaron para identificar a los beneficiarios del del programa Ingreso Solidario y que obligó al Gobierno a una contigencia, la Registraduría Nacional aclaró este jueves que no maneja la base de datos de las cédulas que se tienen para otorgar esa auxilio.
“La Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene relación alguna ni conocimiento del aplicativo Ingreso Solidario creado por el Gobierno Nacional para apoyar económicamente a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que enfrentan dificultades por la propagación del Covid-19”, señala el comunicado de la entidad.
La Registraduría precisa que “la base de datos utilizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no tiene interoperabilidad con el Archivo Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
Los problemas se presentaron especialmente el miércoles cuando se ingresaban números de cédulas a las que no les correspondía la ayuda, pero la aplicación sí los daba como beneficiarios, por lo que se generó la duda sí se estaba autorizando por parte de las entidades gubernamentales a miles de personas a reclamar el dinero así no tuviesen el derecho.
El DPN aseguró que lo que ocurrió fue una anomalía con el buscador de cédulas del Programa Ingreso Solidario. “Estamos haciendo la trazabilidad de la página web para, en el menor tiempo posible, ponerla al aire nuevamente y que los ciudadanos puedan confirmar si resultaron beneficiados”, manifestaron fuentes de la entidad.
El DNP destacó además que “hasta hoy se han realizado 1.194.608 giros, todos a personas bancarizadas, es decir, que su cédula y nombre están plenamente identificados por las entidades financieras”.
“El programa Ingreso Solidario es un mecanismo innovador, de ayuda del Gobierno nacional a los colombianos que no son beneficiarios de ningún otro programa del Estado, pero que se encuentran afectados económicamente por la pandemia del coronavirus”, concluyó.
Finalmente, la Registraduría Nacional informó que “tiene a disposición de las entidades públicas el acceso a consulta, verificación y autenticación de los datos de identificación de los colombianos, bajo los parámetros establecidos por la ley y los protocolos de seguridad de la información”.
