Procuraduría abre investigación contra alcalde de Cartagena

Una investigación disciplinaría abrió la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde de Cartagena William Dau Chamat, y del director de Apoyo Logístico, Didier Torres, por presuntas irregularidades en cinco contratos que suscribieron en el año 2020 para la atención de la pandemia del covid-19.

La procuraduría describió que, los contratos fueron adjudicados con una papelería reconocida en la ciudad, donde se desarrolló un convenio especial de cooperación, "con una empresa española suscribieron por un valor inicial de $150 millones de pesos, por el primer mes; orden de compra #1 para compra de paquetes alimenticios y productos de aseo por mil millones 900.000 pesos, para la compra de 22.337 kits de alimento y aseo con la empresa Invercomer del Caribe".

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"Un convenio de asociación por $397.735.803 para brindar asistencia integral a 23 adultos mayores, con el Hogar San Pedro Claver, firmado en abril 1; un convenio de asociación 004 - 2020 por $ 484.525.000, suscrito con la Corporación del Desarrollo Humano CORDESHU, firmado en marzo 24 del 2020. Además se ordenaban la compra de paquetes alimenticios y productos de aseo por mil millones 900.000 pesos para la compra de 22.337 kits", detalló la Procuraduría Segunda delegada para la moralidad pública. 

Wilmer Sánchez, presidente de la veeduría Corposicial, celebró la apertura de la investigación, "yo fui quien instauró la denuncia en su momento ante el órgano de control, la investigación pasó a Bogotá y dio resultado. El alcalde junto al director de la Oficina de Apoyo logístico deberá presentar todas pruebas de los convenios, de los contratos y detallar la entrega de los kits de aseo, de los alimentos a los beneficiarios, para ver si es verdad que los recibieron, porque era una época donde en realidad la gente se estaba muriendo de hambre y de Covid-19". 

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"Para el año 2020 el alcalde de forma directa contrató con esas entidades para insumos, mercaditos, kits de aseo, dentro de esos hay contratos que tienen un presunto sobre costo, no se entregó presuntamente el total de las ayudas a las personas beneficiarias, no hay soportes donde conste la entrega de esto. Hay contratos y convenios con el asilo San Pedro Claver donde no se ejecutó presuntamente el 30% del valor del convenio no se ejecutó, hay dineros que no desaparecieron y deben dar explicación", sostuvo el veedor. 

El presidente de la veeduría Corposicial sostuvo que, de llegarse a comprobar las irregularidades en los contratos se debe castigar con todo el peso de la ley a los que serían los responsables de estas, puesto que jugaron con la necesidad de miles de personas que padecieron con falta de ingresos cuando se desató la pandemia del covid-19.