Pese a las protestas seguirá el cobro de peajes en Cartagena

La Concesión vial de Cartagena S.A., se pronunció ante la solicitud del alcalde William Dau Chamat, de suspender el cobro de los peajes internos de la ciudad. 

Mediante un comunicado, el representante legal de la compañía René Osorio, expresó que: "no vemos procedente la solicitud de suspensión de la ejecución, por parte del concesionario, ya que no se configuran causales de nulidad, como las previstas en el artículo 44 de la ley 80 de 1993, de la ley civil o por la orden ejecutoria de autoridad judicial, que bajo el debido proceso, determine que este se haya terminado por consecución de la TIR garantizada por el concedente". 

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El representante legal de la Concesión vial de Cartagena S.A., se refirió al bloqueo realizado por conductores en el peaje ubicado en el barrio Manga, donde levantaron las talanqueras para que no se generará el pago este. 

"Preocupa en demasía el efecto que el despliegue mediático está causando en la ciudad, brotes de desobediencia ciudadana, difusión de falacias en las redes sociales, obstaculización en las vías públicas, amenazas y burlas en contra de la infraestructura de los peajes y sus trabajadores", señaló René Osorio. 

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Con relación al auto de la Contraloría General de la República, quien informó que la Tasa Interna de Retorno (TIR), se habría cumplido desde el año 2015 y que el contrato de concesión de peajes en Cartagena sería un daño patrimonial de más de $300 mil millones de pesos, el representante legal de la concesión manifestó que: "solo un fallo ejecutoriado podría determinar si hubo o no detrimento patrimonial o si por el contrario, el contrato se ejecutó financieramente de forma eficiente y apegada a las reglas vigentes". 

¿Qué viene?

Queda pendiente dentro de este proceso fiscal, recibir las versiones libres de los vinculados en garantía del debido proceso y el derecho de defensa, y verificar el costo de las obras iniciales y complementarias,  así como los gastos de operación de la concesión a través de la sociedad Operación Vial de Colombia, con la que se habría suscrito una serie de contratos de mandato por parte del concesionario para que realizaran el recaudo de peajes, las obras de mantenimiento y la administración de la concesión, que equivalen al 70% de los gastos de la concesión desde que comenzó la fase de operación.

El auto que ordena las nuevas vinculaciones,  está agotando los trámites de notificación personal, a los presuntos responsables fiscales.