El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo puso a todos a hablar de la enorme deuda que tiene el Estado colombiano por demandas falladas en su contra. Es tan grave el asunto, que ya se sabe que son impagables y que, además, por no haber con qué pagarlas, crecen a la absurda velocidad de 30 por ciento solo por concepto de intereses. Cada día que pasa, los demandantes adquieren, por ley, intereses de mora a la tasa máxima permitida.
Lo que hay hoy pendiente por pagar (8 billones de pesos) es apenas la punta del iceberg. En camino vienen 400 mil litigios no fallados, por valor cercano a 400 billones de pesos, es decir, casi medio PIB. De ser perdidos estos procesos, apague y vámonos. Casi dos años de gasto del Gobierno Nacional central en solo cancelar demandas. El monto adeudado hoy ni siquiera podría ser cubierto con lo que producirá la Ley de Financiamiento, y eso sin sumar los más de 2,5 billones de pesos que se acumularán hasta final de año solo por concepto de intereses.
Pero, como todo lo que se destapa de la desidia del dúo Santos-Cárdenas, este reguero tiene que ser limpiado por Carrasquilla si queremos que las finanzas públicas lleguen a buen puerto al final del cuatrienio. En el 2010, la deuda llegaba apenas a 1 billón de pesos, y ahora, después de que no se hizo nada al respecto en ocho años, su valor se ha disparado ocho veces.
La ley del Plan ha propuesto que los montos puedan ser convertidos en deuda pública, y a una tasa igual a la que la Dirección de Crédito Público ofrece en los Títulos de Tesorería (TES), que oscilan actualmente entre 4 y 6,5 por ciento, dependiendo de la emisión y el plazo al vencimiento. Muy diferente a la tasa de usura que está siendo reconocida a algunos justos ganadores de demandas, pero en su mayor parte a mafias de abogados y delincuentes de cuello blanco que no solo ganan de oscura forma los pleitos, tal vez con togas corruptas de por medio y mordiendo, sino que dilatan los términos para que lo supuestamente adeudado crezca casi al 30 por ciento anual.
Por un lado, hay que parar el taxímetro de lo ya causado, pero hay que evitar que cualquier nuevo fallo en contra de la Nación se convierta en otro hueco negro que prive a los colombianos de educación, salud, infraestructura y tantos servicios básicos.
Por esto, el artículo 53 de la Ley se quedó corto al establecer la emisión de títulos únicamente para fallos ejecutoriados. El Congreso debe desde ya estudiar y cursar una norma que establezca que cualquier fallo futuro únicamente causará intereses equivalentes a los de títulos de Tesorería a corto plazo.
Deben los legisladores recordar que hay otras deudas del Estado, como los bonos pensionales, que causan intereses de IPC+3 por ciento anual y no la absurda tasa equivalente a diez veces la inflación.
Si la Nación tiene hoy grado de inversión, y ello se refleja en los moderados costos con que accede a los mercados financieros, no se puede tolerar que los fallos en su contra, y que ocasionan terroristas, narcos y ladrones, tengan que ser equivalentes al mafioso gota a gota.
