En el corazón de un sistema democrático exitoso está el debido funcionamiento de los pesos y contrapesos que deben evitar los abusos, las decisiones impulsivas y el sacrificio del bienestar de largo plazo por cuenta de afanes y necesidades inmediatas. Dos ejemplos extremos de esta situación los estamos viendo en Venezuela, donde el chavismo se tomó tres poderes (de cuatro, según ellos, con el poder electoral), lo que le ha permitido el irresponsable manejo que ha desembocado en la crisis actual.
De otra parte, vemos el caso de Estados Unidos, país donde, si por Trump fuera, ya se habrían cometido muchos mas errores de los que hasta ahora tienen a los americanos, y al mundo, en un permanente estado de zozobra con consecuencias impredecibles. Afortunadamente, los pesos y contrapesos han funcionado en ese país y tanto los jueces como ahora un Congreso dividido han moderado muchas actitudes que, de otra forma, podrían estar causando serios problemas.
A pesar de nuestras dificultades, en Colombia la separación de poderes ha existido, en ocasiones con mayor claridad que en otras, y son muchos los casos en que iniciativas de una o de otra rama del poder han tenido que ser modificadas o retiradas; y, seguramente, en la mayor parte de los casos, en beneficio del país, pues han sido el resultado de la confrontación de diversos puntos de vista y argumentos. Claro está que esto, a veces, puede hacer más lento el proceso de toma de decisiones e introducir más complejidades en la ejecución, pero se evitan decisiones que podrían resultar inconvenientes cuando reflejan solo un punto de vista.
Sin duda, uno de los grandes activos que tiene el país es la solidez, continuidad y prudencia de como se ha manejado su política macroeconómica, característica que se le reconoce a Colombia, nacional e internacionalmente. Y, en buena medida, esto tiene que ver con el sistema de pesos y contrapesos que le ofrece la institucionalidad colombiana a este tema tan relevante. La triada conformada por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco de la República, cada uno con sus fortalezas y diferentes perspectivas, ha sido relevante en este buen desempeño. Por eso, es incomprensible que el gobierno esté proponiendo en el proyecto de Plan de Desarrollo la “unificación del presupuesto”, quitándole al DNP la coordinación de la inversión pública y la elaboración del presupuesto. Como bien lo piden los exdirectores de Planeación, sin distinción de su origen político o regional, es necesario que el gobierno retire este artículo o que el Congreso lo rechace, pues resultaría muy perjudicial para poder mantener ese manejo serio de nuestras finanzas.
De igual manera, brilla por su ausencia entre todos los ‘pactos’ que presenta el proyecto de Plan, el que debería ser el ‘Pacto por la Estabilidad Macroeconómica’ que, como lo propone Roberto Junguito, sería el complemento adecuado a las propuestas gubernamentales para asegurar que no se vaya a poner a un lado el manejo responsable de las finanzas, que ha caracterizado a Colombia desde hace décadas.
