La institucionalidad es un tema bastante trillado, pero es imprescindible volver sobre este ya, pues es la base de una nación, una sociedad, de una democracia. Nuestras instituciones están fuertemente golpeadas por varias razones, quizá la más grave es la corrupción, que se ha enseñoreado de las tres ramas del poder, y de muchas empresas privadas en connivencia con miembros del Estado y ejecutores de obras.
La imagen de los políticos y del Congreso sigue bajando, la de la justicia también, e incluso la del presidente, que ha batallado contra la corrupción y la cooptación del Congreso a través de la ‘mermelada’. La imagen del Ejército, que es la que mejor se ha mantenido por años, está golpeada por los ‘falsos positivos’ y la posibilidad real o imaginada de recaer en ese horror.
Es por eso necesario ocuparse en resguardarla, a la vez que se trabaja en la mejora de la institucionalidad en general y la credibilidad de todas las instituciones. La comisión designada por el Presidente para revisar y analizar las normativas relacionadas con el desempeño del Ejército tiene una gran responsabilidad y los nombres escogidos son garantía de alta respetabilidad e idoneidad jurídica, y con seguridad harán una tarea de absoluta confianza.
De esta forma, se enfrentan los posibles riesgos, se garantiza que las normas se ajusten a la legislación nacional e internacional en cuanto a legalidad y defensa de los derechos humanos. Igualmente, es una respuesta seria y transparente a los que quieren desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas como mecanismo para debilitar el Estado, desestabilizar al país y buscar un cambio radical de nuestras estructuras jurídicas y económicas, al estilo de Venezuela. Las Fuerzas Armadas necesitan garantizar la legitimidad de sus actuaciones y su lealtad a la institucionalidad del Estado, sin resquebrajamientos, por razones de posiciones ideológicas o en favor de uno u otro gobierno.
La debilidad de la justicia y la falta de confianza en esta es uno de los más graves males que afrontamos. Escándalos como el ‘cartel de la toga’ y otros que surgen con algunos jueces, son enemigos de la credibilidad que requiere el país para el desarrollo y desenvolvimiento normal de la vida social y los negocios. Los fallos acomodaticios y con cambios de jurisprudencias, sin sustento jurídico, traen un ambiente de inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversionistas. El caso Santrich, en vez de darle confiabilidad a la JEP se la restó, y las actuaciones posteriores de la Corte Suprema no ayudan a mostrar una imagen seria y apolítica. Es prioritario que la justicia recupere su respetabilidad e independencia. Los fallos judiciales influidos por posiciones o intereses políticos, por no hablar de incididos por actos de corrupción, producen un daño irreparable a la majestad, imparcialidad y seriedad de todo el órgano jurisdiccional.
Ni hablar del Congreso y los políticos, su responsabilidad es inmensa, pero con grandes excepciones, sus intereses no son los del país y no representan la política que se ocupa de gobernar para el bien de todos los nacionales, sino para su propio beneficio y en no pocos casos negocios ilícitos. Las instituciones son la garantía de una democracia contra el autoritarismo, los gobiernos populistas y los enemigos de un ambiente estable que favorezca la inversión, el ingreso de capitales, la creación de negocios y, por ende, empleo y mejora en las condiciones de vida a los habitantes de la nación.
