Todo lo que ocurrió alrededor de la minga indígena merece ser analizado, pues no se trató de una protesta pacífica como ellos insistían, sino de un movimiento, que involucró más de una acción terrorista, muertos y secuestro de representantes de la autoridad.
Independiente de los derechos que asistan a las comunidades indígenas, de lo que otros gobiernos ofrecieron en exceso y no cumplieron, de las cuentas que no han rendido, según la Contraloría, sobre las altas sumas recibidas, es preocupante el giro que tomaron los hechos y lo que se mueve detrás de todo esto. Es sabido que en las universidades públicas, algunos de sus estudiantes se manifiestan en solidaridad o contra todas las causas, los involucren o no. Pero en este caso, disparar un ‘tatuco’ a un helicóptero de la policía, que sirve a la comunidad de Cali, o destruir las patinetas recientemente puestas al servicio de la ciudad para el trasporte, no tiene ninguna relación con las solicitudes de los indígenas.
¿Qué explicación tiene que un grupo de personas estuvieran manipulando explosivos en una oficina del sindicato en la sede de la universidad?, ¿qué explicación hay para que hayan explosivos dentro de la universidad y que la autoridad no pueda entrar a controlar esa situación?, ¿qué relación tiene todo esto con las necesidades de los grupos indígenas?
El bloqueo de las carreteras, el perjuicio para toda la ciudadanía y el desconocimiento de los derechos no solo de diferentes grupos de trabajadores que se vieron afectados en sus labores, en sus ingresos, sino de las poblaciones del suroccidente, en especial los departamentos de Cauca y Nariño, son hechos contundentes que sirven para confirmar que los derechos de unos pocos no pueden primar sobre los de la mayoría de los ciudadanos.
Pero el análisis lleva a preguntarse quién o quiénes están detrás de todo esto y qué buscan. Indudablemente, desestabilizar el país y afectar la gobernabilidad. ¿Tiene relación con el anuncio de Gustavo Petro, al perder las elecciones, de que impulsaría movilizaciones y protestas sociales durante todo el gobierno? ¿Los distintos grupos que delinquen en la región buscan utilizar a los indígenas para, en medio del caos, desarrollar sus negocios ilícitos?
Es bueno volver a insistir que la protesta ‘pacífica’ es democracia, es un derecho, pero esta debe ser consecuente con lo que la motiva, y en este caso, los reclamos ni eran todos pertinentes, ni la responsabilidad recae sobre el presente gobierno, que no ha incumplido compromisos, ya que estos fueron hechos en el mandato anterior.
Los comentarios hechos en las redes sociales sobre el manejo que le dio el Presidente a esta situación han sido, en su mayoría, de reconocimiento a la forma serena y ponderada con que manejó la situación. Se mantuvo firme en sus posiciones, abierto al diálogo, pero sin comprometerse con lo que no es posible por falta de recursos o condiciones inviables.
Los promotores de este tipo de movilizaciones y desafueros quieren incendiar al país, buscando sus propios intereses e ignorando el daño que causan a múltiples sectores sociales (transportadores, campesinos productores en pequeñas parcelas, empleados que ven amenazados su trabajo ante la parálisis de las empresas). La reflexión: es necesario el juego limpio, la discusión y el debate entre grupos de diferentes tendencias políticas, pero sin usar indebidamente a la población y sin perjudicar a las mayorías para fines políticos.
María Sol Navia
Exministra de Trabajo
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