Como es sabido la práctica de la planeación en Colombia se inicio en la década del cincuenta del siglo pasado con la Misión Currie y tomo impulso en 1968 con creación del Departamento Nacional de Planeación. Según el artículo 339 de la Constitución Política, reglamentado en la ley 152 de 1994, por medio del cual se estableció la ley Orgánica del Plan de Desarrollo, las entidades públicas deberán aprobar a través de una ley planes de desarrollo para los respectivos períodos de gobierno, los cuales estarán compuestos de una parte general que contiene los objetivos, metas y estrategias de la acción pública en ese período y además un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional.
Con base en lo anterior, a partir del gobierno del presidente Lleras Restrepo hasta el gobierno del presidente Santos, se han aprobado por medio de leyes los planes de desarrollo, sujetándose a los respectivos periodos de gobierno, pero el Presidente Iván Duque no solo aprobó el Plan de desarrollo 2018 - 2022: “Pacto por Colombia pacto por la equidad” (Ley 1955 de 2019), basado en la legalidad y el emprendimiento, sino que con base en un simple documento Conpes, que no tiene fuerza de ley, extendió y amplió de hecho este plan hasta 2026, a pesar de que, de otra parte, según lo ha reconocido el mismo gobierno, el plan original solo se ha cumplido parcialmente. Fue así como el 11 de febrero pasado se aprobó el documento CONPES 4023 que delinea las estrategias para ejecutar un “Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia” y busca que el gobierno cuente con instrumentos nuevos para reparar los estragos económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus.
Este plan contará con inversiones por más de $135 billones que ciertamente tampoco podrán ser realizadas en su totalidad en los 18 meses que le quedan a esta Administración. El gobierno es consciente de esta situación y por eso la política expuesta en este documento Conpes tiene una naturaleza dual, pues contiene un conjunto de acciones orientado a reactivar la economía en el corto plazo y otro conjunto, complementario al primero, dirigido a sentar las bases para lograr un crecimiento sostenible e incluyente en el largo plazo.
Siendo conscientes de que un porcentaje importante de las acciones previstas no se podrán ejecutar durante esta Administración y que no existe seguridad de que el gobierno que suceda al presidente Duque esté dispuesto a mantenerlas, el gobierno actual debería concentrarse en las que son posibles realizar en el corto plazo para lograr la reactivación, generar más empleo y beneficiar a los más pobres, así como cumplir con el Plan Nacional de Vacunación. De lo contrario se perderá el foco y las prioridades que hay que tener ante esta emergencia.
Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
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