Tras la radicación que hizo el Gobierno del Marco Fiscal de Mediano Plazo, los analistas han comenzado a examinar los supuestos presentados. Las aristas son numerosas y van desde las proyecciones macroeconómicas hasta el éxito que se le atribuye a la Dian en su lucha contra la evasión, aparte de los recortes en gasto que traen la revisión de varios programas.
Sin embargo, es probable que el aparte más polémico de todos, al menos en el corto plazo, sean las privatizaciones de activos públicos. Aunque el Ministerio de Hacienda aclaró en su documento que los detalles serán compartidos con la opinión más adelante, las metas en términos de recursos son claras: para el 2019 llegaría a las arcas estatales el equivalente de 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el próximo año la proporción subiría al 0,8 por ciento.
En números gruesos eso quiere decir seis y ocho billones de pesos, respectivamente, sumas que no están muy lejos de lo que representará en el presente ejercicio la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso en diciembre pasado. Aunque los activos que son propiedad de la nación equivalen al 12 por ciento del PIB –120 billones de pesos mal contados– y se distribuyen en una buena cantidad de sociedades, la verdad es que no hay tantas opciones en la mesa.
La lista de lo que podría traer ingresos importantes tiene tres nombres: Ecopetrol y sus compañías asociadas, Interconexión Eléctrica y Colombia Telecomunicaciones. Sobre el papel hay otras opciones que van desde la compañía de seguros La Previsora, la aerolínea Satena o un buen número de electrificadoras, pero varias son imposibles de vender por razones de política pública o porque su razón no es la rentabilidad.
En lo que corresponde a Ecopetrol, la nación posee el 88,49 por ciento de un conglomerado cuya capitalización bursátil es cercana a los 114 billones pesos, según el valor actual de la acción en el mercado de valores. Sobre el papel, conseguir los 14 billones que se necesitan para este año y el próximo sería posible sin necesidad de bajar del 70 por ciento que asegura el control pleno del conglomerado. Una opción que se ha comentado en más de una oportunidad es salir de Cenit, la unidad encargada de transporte, la que más contribuye a la rentabilidad.
Otra opción es transferirles a inversionistas privados el 51,4 por ciento que la República de Colombia tiene en ISA. A sabiendas de que es un verdadero peso pesado en el mundo de la distribución de energía, está valorado en 20,7 billones de pesos, salir de esa propiedad solucionaría casi todos los problemas si a esto se agregan unas participaciones minoritarias.
En cambio, la operadora de Movistar ayudaría, pero no resolvería los inconvenientes. Tras el descalabro de un primer ensayo habría, que encontrar la manera de conseguir un inversionista interesado en una participación minoritaria que ascendería a más de un par de billones de pesos.
No obstante, hay otras dificultades. La primera es de principio, pues salir de activos importantes para financiar gastos corrientes será motivo de polémica. Para utilizar la expresión coloquial, es cuestionable vender los muebles cuando se trata de pagar el mercado.
Un segundo elemento es que Iván Duque se destacó como un furibundo opositor a la privatización de Isagen, a pesar de que lo recibido apuntaló a la Financiera de Desarrollo Nacional. La afirmación de que los fondos servirían para impulsar el desarrollo de la infraestructura, allanó el camino a pesar de que el público estaba en contra.
Convencer a los colombianos de que liquidar parte de las joyas de la corona vale la pena, no será fácil y menos en un clima político complejo. El lío es que la sostenibilidad fiscal futura depende de ello. Por eso, el Ministerio de Hacienda debería comenzar a preparar argumentos convincentes.
