Tras varias horas de tensión ante la posibilidad de que el proyecto de ley que acoge el plan de desarrollo de la administración Duque no lograra cumplir con el cronograma establecido, finalmente las comisiones terceras y cuartas del Congreso votaron favorablemente la iniciativa el viernes.
Así, el articulado sigue su curso en el Capitolio, con miras a ser aprobado a comienzos de mayo. Aunque todavía hay riesgos en el camino, el peligro de que el Ejecutivo tuviera que acudir a un decreto si su texto se hundía, es menor ahora.
Que el susto haya pasado, no quiere decir que lo que viene sea un trámite de rutina. Si algo quedó claro es que la administración deberá extremar precauciones para que no la vuelvan a encontrar con la guardia abajo.
Ello obligará a que el equipo ministerial trabaje de manera más coordinada, no solo para defender lo que a cada uno de los integrantes del gabinete le interesa de forma particular, sino para evitar el que sería un verdadero descalabro para el Gobierno.
La razón es que buena parte de las iniciativas que este impulsa encontrarían obstáculos de ejecución. Existe una larga lista de estrategias que dependen de que artículos específicos reciban la luz verde parlamentaria.
Aunque hay otras maneras de llegar al mismo fin, el camino sería mucho más largo si la única opción fuera la de leyes individuales referentes a una amplia variedad de materias.
A lo anterior se sumarían las consecuencias políticas, pues desde la Constitución de 1991 tan solo se observaron obstáculos con el plan de desarrollo en la época de Andrés Pastrana. La diferencia es que en esa oportunidad se presentaron vicios de forma, muy distintos a lo que sería la incapacidad de conformar una mayoría en el Senado y la Cámara.
Lo anterior no quiere decir que el proceso actual sea ejemplar. A pesar de que ha pasado un mes desde cuando los congresistas le metieron el diente a la iniciativa, esta tiene múltiples aristas que hacen muy difícil tener una visión de conjunto.
Por ejemplo, el texto que contiene la ponencia y el articulado examinados la semana pasada –y aprobados 48 horas después de haber sido radicados– tiene 824 páginas de extensión, con lo cual es posible que sean poco los que lo hayan leído.
La versión de ahora difiere mucho con la original, pues a los 183 artículos iniciales se agregaron otros 128. Si bien se puede argumentar que ello es resultado de una serie de foros y procesos participativos, los escépticos señalan varios problemas que no son de poca monta.
Para comenzar, está la imagen de que aquí hay una especie de ‘sancocho’ legislativo, con infinidad de ingredientes. Uno de los problemas derivados de tantos elementos es que se corre el peligro de perder el control y encontrarse con problemas a la vuelta de la esquina.
Para citar un caso, el director de Fedesarrollo señaló que hay siete incisos nuevos con exenciones, créditos fiscales, deducciones y hasta becas por impuestos. Cuando llegue el momento de la revisión constitucional, la Corte puede acabar haciendo correcciones de fondo.
De otro lado, está aquello de que ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’. Los periodistas que trabajan en el Capitolio reportan un aumento en el número de profesionales dedicados al cabildeo, pues un texto aquí o una coma allá pueden beneficiar a sectores específicos. Así pasa con el intento de proteger al capítulo de confecciones, mediante medidas arancelarias que deberían ser del resorte del Ejecutivo.
Que no hay ‘mermelada’ ni puestos para aceitar la maquinaria, es uno de los problemas en la presente oportunidad. A cambio, varios parlamentarios impusieron textos, lo cual tampoco es lo ideal. La única manera de hacerle contrapeso a los intereses individuales es que haya más liderazgo de la Casa de Nariño, porque el del Ministerio de Hacienda no basta.
