La decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la reforma tributaria por vicios de trámite es clara, sencilla y contundente.
La iniciativa fue presentada a finales de septiembre, un poco tarde para este tipo de proyectos, que usualmente se presentan en las primeras semanas del gobierno, precisamente porque hay claridad sobre qué hacer y tiempo suficiente para las discusiones y para cumplir con el reglamento del Congreso.
Pero el gobierno no tenía claridad tributaria. Ello quedó evidente cuando el corazón de la reforma, los cambios en el IVA, fueron desautorizados primero, por el partido de gobierno y luego por el propio Presidente. Entonces al Ministro le tocó cambiar la reforma que ya había presentado semanas antes.
Luego vinieron los debates en comisiones donde fue tal el nivel de confusión sobre lo que estaba sucediendo que un artículo aprobado en comisiones –el fin de la exención tributaria para las cuentas AFC– fue rechazado en la plenaria de Senado. Pero ¡sorpresa!: en febrero de este año el gobierno se dio cuenta que había quedado en el texto final de la Ley, es decir, había sido aprobado. Por ello tuvieron que incorporar una norma en el Plan de Desarrollo para volverlo a derogar.
Se presentaron 17 demandas, el grueso por vicios de trámite. La Corte tomó la más evidente, pero es claro que no fue la única.
Le recordó al gobierno que existen varios principios importantes en la “legalidad” de una democracia: hay dos cámaras, para que haya suficiente discusión; el debate sobre los temas tributarios no puede hacerse sin plena información y no puede haber imposición de tributos sin plena representación, es decir sin que ambas cámaras discutan y decidan.
Lo que crea incertidumbre jurídica no son las decisiones de la Corte, sino la incapacidad del gobierno de presentar una norma y tramitarla en el Congreso de forma debida.
Sería muy útil que los Ministros de Hacienda e Interior, leyeran la Ley 5 de 1992, que es el reglamento del Legislativo, para no volver a cometer errores como los aquí enunciados.
El camino para el gobierno es relativamente claro: revisar el texto aprobado por el Senado en su último debate, corregir los errores que cometieron en la discusión del 2018 y presentarlo con mensaje de urgencia e insistencia.
En el trámite anterior se hicieron varias promesas al Congreso, que no se han cumplido, como la creación de una comisión para estudiar el tema de las gabelas tributarias.
Es posible que ahora la aprobación sea más difícil y por ello el gobierno debe prepararse para un Congreso que ya le creyó sus promesas incumplidas de hace unos meses.
También es probable que esté menos dispuesto a creer en las cuentas alegres de un Ministro que anunció un dramático hueco fiscal de $24 billones, pero presentó una reforma tributaria que recaudaba $14 billones y quien ha dicho que no se necesitaban sino los $7 billones finalmente aprobados. Al gobierno que dice promover la legalidad se le cae la principal reforma por una ilegalidad.
César Caballero Reinoso
Director de Cifras y Conceptos
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