La crisis que vivimos llevará a una nueva propuesta tributaria y sería deseable que sea consensuada y que recoja las aspiraciones de equidad que han motivado las graves protestas contra los tributos propuestos a las rentas de trabajo y las exenciones a las propiedades ( patrimonio) y a los ingresos de capital ( rentas, dividendos o patrimonio).
¡Una enfermera que trabaja por prestación de servicios paga 30% de impuesto mientras el 1x100.000 mas rico del pais paga 1.5% sobre utilidades!.
Que no existiera en la fracasada reforma un gravamen a la tierra ociosa para estimular su uso productivo o su venta, es tan extraño como el hecho de que en los consensos que se anuncian, ese tema sigue estando ausente. La Misión Internacional de expertos propuso que el gobierno compre las tierras subvaluadas a ese precio disminuido como un estímulo a la actualización catastral.
¡Sobre esa propuesta hay un extraño silencio en el debate!.
En América Latina sólo en cinco naciones hay impuesto a las herencias, (no existe en Colombia) y 11 países tienen impuesto a la transferencia de inmuebles ( tampoco existe en Colombia). Crear un impuesto a las bebidas azucaradas sería positivo para la salud pública pues desincentivaría su consumo y generaría recursos para la salud, estimados en $1,89 billones.
Un impuesto permanente a patrimonios desde $3.000 millones con tarifa escalonada, evitaría el fraccionamiento para escapar al impuesto, se puede gravar a las corporaciones multinacionales y a los extranjeros tenedores de TES colombianos.
La Andi ha ofrecido suspender el descuento de ICA en Renta ($5.2 billones), aplazar el beneficio de reducción de 2% en renta a empresas ($6.2 billones) y aceptaría un impuesto de 1% al patrimonio, durante la emergencia sanitaria. La ley de 2019 también eximió de IVA a la adquisición/importación de bienes de capital y la eliminación de ese beneficio generaría $6.5 billones. Además pueden desmontarse las exenciones a Megainversiones, tan rentables que aún pagando impuesto de renta continúan siendo un buen negocio.
Dice la Misión de Expertos que: “Colombia ha dado estatus de Zona Franca(ZF) a negocios que no pertenecen a dicho régimen, pues producen y venden para el mercado nacional principalmente. Las exportaciones de estas Zonas Francas representan 0.4 de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto a estímulo a las exportaciones”; y agrega que “los ingresos tributarios no recaudados por la exencion del IVA las ZF se valoran aproximadamente en $1.858 millones en 2019”.
Extrañamente, dias antes de la promulgación del informe, el Ministerio de Comercio promulgó un decreto prolongando su vigencia y ampliándoles facilidades, con el argumento de que “permitirá convertir este instrumento en verdadera herramienta de promoción de inversión en el país”.
¡Eso es una tautologia, pues precisamente esas inversiones llegan atraídas por ventajas que no cubren al resto de empresas que tributan plenamente, en un evidente caso de ‘dumping tributario’.
Un gesto de equidad tributaria sería que dicho decreto se derogara y se acogiese la recomendación de la Misión.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, universidades Nacional y Externado
