Más de 60 demandas con pretensiones por un billón 273 mil millones de pesos enfrenta el Estado por el descalabro de Interbolsa.
En el fallo más reciente, de hace unos días, el Tribunal de Cundinamarca negó en primera instancia la demanda del inversionista italiano Alessandro Corridori, en juicio por el escándalo, quien pretendía una indemnización de 107 mil millones de pesos argumentando supuestas fallas del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) en la vigilancia de la liquidación de Fabricato. Esta fue una de las empresas que, según la investigación de la Fiscalía, fueron usadas para hacer operaciones irregulares con plata de los inversionistas.
En el proceso intervino la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y logró evitar la condena. El Tribunal ordenó que Corridori, al contrario, pagará cien millones de pesos por los gastos que generó el proceso.
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Otro de los que ha intentado obtener plata de la Nación es el condenado empresario Juan Carlos Ortiz, vinculado a las irregularidades en el Fondo Premium de Interbolsa. Ortiz, quien ya tiene una sentencia de 12 años de cárcel por esos hechos y a quien la Fiscalía le ha realizado extinción de dominio a sus bienes, intentó que le hicieran un pago por casi 300 millones de pesos.
Desde la intervención de la más grande comisionista de bolsa del país, en noviembre de 2012, por parte de la Superintendencia Financiera ya van 69 procesos que se han presentado contra el Estado, según cifras de esa entidad.
Pero no solo han demandado al Estado los vinculados al proceso, también algunas de las víctimas han intentado resarcir sus pérdidas con plata del erario. El grupo Hatovial-Gehatovial demandó a la Nación argumentando fallas de la Superintendencia Financiera en la vigilancia a Interbolsa y pedía una reparación 11.368 millones de pesos.
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El Tribunal de Cundinamarca consideró que el demandante sabía del destino de sus inversiones en Fabricato y los riesgos de ese tipo de operaciones, lo que exime al demandado de la “culpa exclusiva de la víctima”.
También demandaron al Estado las sedes en Bucaramanga y Tunja de la Universidad Santo Tomás, cuyas pretensiones también fueron negadas en primera instancia.
Frente a la demanda en la capital de Santander, la Universidad pretendía que el Estado le devolviera 19.658 millones de pesos que invirtieron en el Fondo Premium de Interbolsa. Argumentaba que la Superintendencia Financiera era la responsable de “la pérdida de los dineros depositados”.
El Tribunal sostuvo que el inversionista no tuvo “la especial diligencia” que se debe tener al realizar ese tipo de movimientos financieros y que “por su cuenta" decidió realizar.
En el caso de Tunja, la Universidad invirtió 5.459 millones de pesos a través de Interbolsa y pretendía que el Estado le devolviera el dinero. Sin embargo, el Tribunal en otra decisión señaló que en Colombia existe libertad económica y que las comisionistas realizan inversiones libremente, por lo que el Estado no interviene en esos negocios y por tanto no tiene responsabilidad.
Igualmente, se registraron demandas de excomisioniatas de bolsa como Andrés Enrique Abella Fajardo, Javier Ricardo Sáenz, Julían Andrew Pino y Alejandro Forero Marulanda, quienes pedían pagos superiores a los 1.300 millones de pesos.
Ellos eran trabajadores de Interbolsa y argumentaban que se quedaron sin empleo por cuenta de la omisión del Estado en vigilar a la comisionista lo que finalmente llevó a su liquidación. En primera y segunda instancia se negaron las pretensiones con el argumento de que no hubo fallas del Estado y que los demandantes “tenían a su cargo la posibilidad de decisión y disposición de información para asumir los riesgos que de ello se desprendieran”.
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