Los alcaldes y gobernadores del país tendrán facultades extraordinarias para reestablecer y controlar el orden público durante el paro nacional del próximo jueves 21 de noviembre.
Así lo señaló el Gobierno, por intermedio de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien manifestó que tras varias reuniones se han analizado el alto nivel de riesgos y situaciones que se podrían registrar el jueves durante las movilizaciones.
('Nuestro gobierno garantiza la seguridad y libertad para protestar').
Para darles esas facultades especiales a los mandatarios locales, el Gobierno Nacional expedirá un decreto que facultará a los alcaldes y gobernadores del país para tomar decisiones extraordinarias con el fin de garantizar la seguridad durante las marchas.
Ese decreto permitirá a los mandatarios locales y regionales tomar medidas como la restricción al porte de armas, al consumo de licor e incluso adoptar medidas como toque de queda “cuando las situaciones lo ameriten”, luego de un análisis previo con las Fuerzas Militares y la Policía.
Igualmente podrán tomar decisiones sobre la movilidad y las movilizaciones en sus territorios e incluso el cierre de fronteras.
(Los sectores que ya confirmaron participación en el paro).
La funcionaria indicó que el gobierno ha identificado falsas motivaciones en las convocatorias a las marchas, y dijo que esto ha generado el rechazo del gobierno "que ha hecho un esfuerzo por dar una información real a la ciudadanía".
Añadió que el ejecutivo mantendrá el camino del diálogo.
Por su parte el fiscal general encargado Fabio Espitia dijo que el ente acusador tiene la competencia de judicializar actos delictivos durante las marchas.
Añadió que el organismo investigador no persigue la protesta social sino los actos de vandalismo y de violencia.
Para esto, dijo Espitia, se activó un grupo especial que va a estar atento a realizar los actos urgentes que se puedan necesitar para judicializar a quienes incurran en delitos.
Y el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo aseguró que el gobierno va a garantizar el derecho a la protesta pacífica "y avanza en las coordinaciones para hacerle frente a cualquier acto de violencia o vandalismo".
