Ante un panorama fiscal complicado para el país, el Gobierno sigue jugando sus cartas para buscar fuentes alternativas de ingresos o de reducción de gastos. Una de esas salidas es un proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso para reglamentar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de facilitar y optimizar la compra y venta de inmuebles del Estado.
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De acuerdo con el proyecto de ley, “la iniciativa legislativa busca una gestión ágil, eficiente y efectiva de los activos inmobiliarios y, por ende, contribuir a la maximización de los recursos al Presupuesto General de la Nación y al retorno económico que tal movilización debe generar”.
El proyecto, en ese sentido, busca, por ejemplo, reducir los costos extra que pueden generar inmuebles por cuenta del mantenimiento. Según explican en el documento, si bien algunos inmuebles del Estado están siendo usados para los fines necesarios de las entidades, otra veces “tienen un sinnúmero de inmuebles que no utilizan y por tanto son bienes que requieren, de manera recurrente, ingentes recursos para los procesos de saneamiento legal, físico, administrativo y tributario”.
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De hecho, el Presupuesto General de la Nación para 2021, aprobado la semana pasada en el Congreso, se ve que el funcionamiento del Estado se lleva la mayor parte, pues son $184,9 billones de un total de $313,9 billones. Eso hace necesario, entre otras cosas, que se busquen salidas para optimizar los recursos y reducir los gastos, como ya lo han venido señalando varios funcionarios del Gobierno.
En ese sentido, proponen cambiar algunas reglas para disponer de estos inmuebles y la creación de una Comisión de Expertos del Sistema Inmobiliario del Estado, un valor mínimo para la venta de algunos activos, y otras reglas sobre avalúos y valoraciones de los bienes, con el fin de optimizar ese proceso.
Para el caso de la comisión, el proyecto de ley plantea que ésta sea permanente, con el fin de que se piense en estrategias para movilizar esos activos y también se estructuren proyectos inmobiliarios que viabilicen la venta o la generación de iniciativas que permitan “racionalizar los recursos públicos y la monetización de los bienes improductivos”, reza el documento.
El proyecto se hace en medio de un panorama de déficit fiscal para el cierre de este año de 8,2% del PIB, y de 5,1% para 2021, según cálculos del Gobierno. Asimismo, el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha afirmado en distintas intervenciones que la pandemia tendrá impactos significativos para el recaudo en el corto y mediano plazo. Y según el documento de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda para 2019-2020, aunque el país las cuentas del Gobierno se ajusten en 2021, se seguirá viendo afectado por los gastos relacionados con la pandemia, como los relacionados con el sector salud, por ejemplo. Por eso, además de las alternativas de ingresos, será necesario seguir buscando formas de reducir el gasto y equilibrar la balanza.
¿REFORMA FISCAL?
Además de las alternativas para reducir gasto y subir ingresos a través de este tipo de iniciativas legislativas, en el documento de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda 2019-2020, reiteran la necesidad de una reforma fiscal. “Es claro que se deberá avanzar en la discusión de una reforma fiscal que reafirme los logros de la recientemente aprobada Ley de Crecimiento, pero que avance en otros aspectos que en su momento quedaron pendientes. En ese sentido, esa propuesta deberá aumentar el recaudo, sin que ello amenace derechos ya adquiridos o vaya en menoscabo de la población en condición de vulnerabilidad”, dice. Sin embargo, insisten que los cambios se harán hasta después de la pandemia.
Redacción Portafolio
