Bogotá fue una de las ciudades que cerró la economía por más tiempo; según la alcaldesa, “primero la vida y la salud” que “privilegiar los intereses económicos”. Ese criterio explica la demora en la aprobación de los protocolos sanitarios y la dosificación de los días en que podían funcionar las empresas.
Además, estableció horarios de entrada de los trabajadores para no sobrepasar del 35% el uso de TransMilenio porque eso podría desbocar la pandemia; sin embargo, declaraciones recientes revelan que el transporte masivo no es un foco de contagios. A pesar de esos argumentos, la capital registra la mayor tasa de incidencia del covid-19 y la tercera de mortalidad en Colombia.
La alcaldesa olvidó que la capital no es una isla y que los procesos productivos funcionan en cadenas que integran diversas regiones del país y del mundo. Como consecuencia, la economía bogotana es la más postrada entre las principales ciudades del país.
La tasa de desempleo de Colombia en el trimestre junio-agosto fue de 18,9% y la de Bogotá 24,1%; mientras la caída en el número de ocupados nacional fue de 16,2% respecto al mismo trimestre de 2019, en la capital cayeron en 21,0%.
La producción industrial de Bogotá cayó en agosto -17,4%; solo la supera Bucaramanga (-26,0%), pero mientras la primera explica el 26% de la caída nacional, la segunda aporta el 3%. El empleo industrial en la capital se contrajo en 12,7% ese mes, superó las ocho ciudades con las que el Dane la compara y aportó el 39% de la reducción total de Colombia. En comercio minorista las ventas reales bajaron 20,2%, la mayor contracción respecto a las principales regiones y explica el 42,5% del resultado del país.
Las consecuencias de esa debacle económica se apreciarán en mayor pobreza de la población bogotana. Esperemos que esos resultados no sean atribuidos por la alcaldesa al gobierno nacional, como ya se le volvió costumbre.
Lo curioso es que mientras le puso muchas trabas a la actividad económica formal para la reapertura de sus negocios, se ha hecho la de la “vista gorda” con los informales y los domiciliarios. Hace meses viene anunciando medidas para controlar las aglomeraciones y el incumplimiento del distanciamiento social en las ventas callejeras, pero a la fecha todo sigue igual o peor.
¿No percibirá la alcaldía que ese puede ser un factor explicativo de la concentración de contagios y muertes por covid-19 en los estratos de menores ingresos? Por si fuera poco, los miles de trabajadores que sobreviven con las entregas a domicilio se están convirtiendo en un problema adicional sin que se tomen medidas para evitar las aglomeraciones, los basureros que generan y el uso del espacio público como sanitario.
Las empresas de servicios domiciliarios se habían comprometido a establecer sitios de tránsito en los que estas personas tuvieran unas condiciones mínimas de espera, de acceso a servicios sanitarios y de higiene básica, pero tampoco han cumplido.
¿La alcaldesa que le impuso fecha de apertura, días y horarios de operación a las empresas formales no podrá obligar a las de domicilios a proteger estos trabajadores y con ello a la población bogotana crecientemente expuesta a contagios de coronavirus por la forma en que operan tales negocios?
Hernán Avendaño Cruz
Director de Estudios Económicos de Fasecolda
