En estos tiempos de crisis, en donde cada día las noticias parecieran ser más negativas y desalentadoras, son meritorias las iniciativas planteadas por parte de la vicepresidenta de la República en donde se ubica la problemática del abuso sexual a menores de edad dentro de su agenda.
El abuso sexual es un grave problema que muestra la descomposición social en que vivimos y en donde no existen diferencias entre estratos sociales ni entre regiones de Colombia, el abuso está allí y toda la sociedad debe enfrentarlo.
Al abominable crimen de Juliana Samboni en Bogotá se han sumado durante los últimos meses noticias de abusos sexuales a menores de edad en prácticamente todo el país, las cifras que se reportan son pavorosas, durante el 2018 las cifras de niños y niñas abusados superaron los 16.000 casos y los hechos violentos en donde murieron menores de edad se acercan a los 1.000
En La Casa del Niño de la ciudad de Cartagena, el único hospital pediátrico de la región y uno de los pocos que quedan en el país, la cifra el año pasado se aproximó a un caso diario, es decir, durante el año 2018 se atendieron cerca de 360 niños y niñas que sufrieron las consecuencias de este flagelo.
El problema afecta a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, los escenarios en los que se podría presentar van desde los hogares colombianos hasta instituciones deportivas, pasando por colegios, guarderías, congregaciones religiosas, universidades, hoteles, discotecas y prácticamente cualquier escenario en donde se pueda encontrar a un menor en estado de vulnerabilidad.
La problemática se agrava si se tiene en cuenta que existen redes delincuenciales dedicadas a promover el abuso y a lucrarse de manera ilegal de esta actividad.
En una ciudad como Cartagena, que históricamente ha sido asociada a actividades como la prostitución y el microtráfico, con cinturones de miseria a pocos minutos de los centros turísticos y con un gran número de habitantes en estado de vulnerabilidad asociada a condiciones de vida inadecuadas, baja escolaridad, pandillismo y farmacodependencia es muy probable que este tipo de actividades delictivas florezcan y con ellas el número de víctimas aumente.
Por ello las medidas tomadas desde el gobierno son tan importantes, el hecho que en la agenda del Gobierno Nacional se implemente una estrategia institucional para acabar con las redes de tráfico sexual de niños y niñas, que se incentive a la ciudadanía para que denuncie y se cree un modelo de recompensas para quien brinde información sobre la explotación sexual a menores, marcan el inicio de una estrategia que en el corto plazo deberá empezar a dar sus frutos.
Si a la anterior iniciativa se suma el esfuerzo coordinado de la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, la policía de infancia y adolescencia, migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, el Ministerio de Educación Nacional y, por último, la sociedad civil que cada vez está más sensibilizada con las consecuencias de esta problemática, los resultados deberán ser exitosos.
La estrategia del gobierno de cero tolerancia al abuso sexual de menores, unido al trabajo articulado de todos los actores mencionados anteriormente deberá acabar con las redes de proxenetas y de tráfico sexual de menores, así como proteger a los infantes contra los familiares abusadores.
No se podemos olvidar que el abuso sexual es un crimen atroz que afecta a nuestra sociedad, destruye vidas y debe ser castigado enérgicamente, los colombianos debemos garantizar la seguridad y el normal desarrollo de nuestra infancia, todos tenemos la obligación de proteger a nuestros niños, ellos son nuestro futuro y debemos garantizarles un sano y adecuado desarrollo, lejos de los peligros que se asocian a este flagelo.
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