Es un hecho que las modalidades de trabajo, gracias a la tecnología, la competencia y las habilidades humanas y gerenciales, han cambiado mucho desde finales del siglo pasado.
En algunos hay tareas que no requieren la presencia del trabajador; en otros, gran parte del tiempo lo ocupan en cosas distintas, porque son tareas discontinuas, o que requieren menos tiempo de las 8 horas diarias. Otros hay que requieren más tiempo, que por ley se pagan con onerosos recargos, pero que, en ocasiones, por ser iniciativa del trabajador, o porque el empleador no tiene la capacidad y el trabajador lo acepta, no.
También hay quienes por jornadas más largas ganan menos del mínimo, están en el régimen subsidiado de salud, y no aportan para obtener una pensión. Son receptores de subsidios del Estado, y de la caridad de las ONG y demás particulares. Hay de todo, y mucha informalidad; pero el tema es complejo, porque ponerse a tono con la Ley, para algunos empleadores significa costos imposibles de asumir; y para el trabajador, perder en parte beneficios del Sisbén. Es mejor ajustar la Ley a esas imperfecciones del mercado laboral, porque hacerlas cumplir es imposible.
Mediante el Decreto presidencial 1174 de este año, el gobierno reconoce el trabajo por horas y establece normas que permitan su adecuada remuneración, y el pago de la seguridad social en salud y pensión; al tiempo que define un piso de protección social (PPS) y los beneficios económicos periódicos (BEPS) que el Estado garantizará a quienes no logren ingresos iguales al SMLV. Es un paso en la dirección correcta: muchos empleos en la informalidad pagarían proporcionalmente la salud; aportarían para una pensión, cosa que hoy en día no es posible; y el gobierno asumiría el faltante. No obstante, las situaciones posibles de presentarse son tantas, que es imposible acertar en la solución de cada una de ellas. Para el trabajador, depende del valor mínimo que se fije para la hora de trabajo, de manera que no pierda ingresos al perder horas laborales, o que consiga donde trabajar las horas perdidas. Para el empleador, que no se incrementen sus costos, y para el Gobierno, racionalizar los subsidios; sin embargo, la derogatoria de ese decreto, sin esperar a su implementación, fue lo que motivó la movilización nacional del lunes 21 de septiembre.
En esas movilizaciones, se sabe, suelen haber tantos motivos como grupos de personas, y más de un oportunista que se muestra como convocante. También, tienen lecturas diferentes de parte de la ciudadanía. Los más, ven a Petro y a la Farc tratando de crear caos y zozobra en el país, para lograr el poder político. En lo personal, veo más efectos positivos que negativos en la competitividad del país y en el crecimiento económico, también en el empleo.
*Ing. Electrónico, MBA.
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