Con el testimonio del inspector general de la Policía, general William Salamanca, continuó este martes la audiencia en la que se investigan las presuntas irregularidades cometidas por el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.
Marco Antonio Velilla, abogado de Atehortua, interrogó al testigo sobre la supuesta manipulación de datos que se habría presentado en los sistemas de la Policía, pues, según lo ha señalado el general Atehortua, el “sistema no puede ser manipulado, no puede guardarse un solo dato, no tiene la forma técnicamente o manera de hacerlo porque el sistema no lo permite”.
Velilla le preguntó a Salamanca si sabía quién puede tener acceso para modificar o eliminar información del sistema.
Salamanca dijo que nadie puede modificar o eliminar información, porque existe un protocolo para hacerlo, pero reiteró que, “como es una prueba que se aporta a este despacho, que tiene información, contundente, objetiva, real, verificada, cuando yo aporto la prueba se me da a conocer que podría, haber un riesgo de adulteración”.
Velilla le insistió a Salamanca para que entregara los elementos de juicio para hacer dicha afirmación, a lo cual este le respondió que “la bitácora en su contenido no se puede modificar, la bitácora la alimenta un sustanciador, es inmodificable lo que aquí se plasme, pero si el sustanciador registra por desconocimiento o por apuro la información que no hace parte de su proceso, tiene que hacer una solicitud a la oficina de telemática para que revise, atienda, esta solicitud y de la suboficial encargada, pero reitero que la bitácora no se puede modificar”.
Añadió que el riesgo no era que hubiera datos modificados sino borrados del sistema
A Atehortúa se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta disciplinaria por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en la que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.
Además de eso, el ente de control cuestiona que el oficial, en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.
Sumado a eso, el Ministerio Público le sigue la pista en una presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificará la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrará una línea de tiempo del expediente.
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