La justicia colombiana, en cabeza de la Fiscalía General, empezó a desenmarañar un capítulo que enlutó muchas varias durante septiembre de 2020, luego de que más de 10 personas fallecieron por cuenta de los enfrentamientos entre miembros de la Policía y ciudadanos que marcharon por la muerte de Javier Ordóñez.
Los procesados en este caso, por el momento, son los uniformados Andrés Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez, de quienes se sabe participaron en los actos en los que resultaron sin vida, Andrés Felipe Rodríguez, Germán Puentes y Jaider Fonseca.
Si bien, la intención de la Fiscalía era empezar con la imputación de cargos, en el caso del patrullero Díaz Mercado, su abogada Nadia Triviño, le solicitó al juez tener en cuenta que los hechos fueron realizados en el acto del servicio, por lo que la competencia para conocer del proceso judicial es la Justicia Penal Militar.
A juicio de Triviño, las acciones de Díaz Mercado no se registraron como una extralimitación de sus funciones, sino que por el contrario se presentaron por cuenta de los disparos cruzados que se dio para repeler el ataque en contra del Centro de Atención Inmediata (CAI) Rincón, en la localidad de Suba al noroccidente de Bogotá.
En este caso, Adriana Olaya, delegada del Ministerio Público denegó la pretensión de la defensa y expuso los motivos por los cuales un miembro de la institución tiene autorizado accionar el arma. A su juicio, en ese procedimiento no era necesario. La Fiscalía, por su parte, se unió a la petición de la Procuraduría.
Con tal pretensión, la diligencia que la preside el Juez 42 de Garantías se retomará el próximo 28 de enero a las 9:00 de la mañana, en la que se definirá la competencia, y de ser necesario, avanzar con la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.
Respecto de la diligencia del uniformado Gutiérrez, que se adelantó ante el Juzgado 59 de Garantías, la defensa elevó la misma solicitud de que se “remitiera la carpeta con todos los elementos probatorios que contiene, información legalmente obtenida, evidencia física recaudada, a la Justicia Penal Militar, para que sea ella quien adelante la investigación y el juzgamiento en contra de los posibles hechos punibles que ha podido realizar el señor Jhon Gutiérrez”.
El penalista añadió que si por el contrario el juez consideraba que dicha solicitud era inapropiada, “se suscite el conflicto positivo de jurisdicciones, no de competencia para que sea ante el Consejo Superior de la Judicatura, quien determine quién es el juez para tramitar el asunto y que por lo tanto no se realice la audiencia con función de imputación”.
Ante esta pretensión, el juzgado también decidió aplazar la audiencia para el próximo jueves 21 de enero, no sin antes escuchar las declaraciones de la Fiscalía, los representantes de víctimas y la Procuraduría quienes coincidieron en que la diligencia debía continuar porque en este caso se desbordó la autoridad policial.
Sin embargo, el juzgado argumentó que el aplazamiento se debe a que “a diferencia de la Fiscalía, que es la que tiene el asunto y de las partes que tienen conocimiento de este proceso, el despacho solo hasta el día de hoy en horas de la mañana le aparece asignado este asunto”. Por lo que, según él, tiene un completo desconocimiento del caso y con respecto a la solicitud de la defensa “debe tramitarse la impugnación de competencias que hace el señor defensor independientemente que el despacho, considere que es competente o no”.
Cabe mencionar que por situaciones similares ocurridas durante septiembre pasado, este lunes, se empezaría el proceso judicial contra el también uniformado José Andrés Lasso, no obstante, por ausencia de su abogado la diligencia no se llevó a cabo.
Si bien, los hechos ocurrieron en el marco de las manifestaciones que se suscitaron por la muerte de Ordóñez, ocurrido en el noroccidente de Bogotá, tras una golpiza por parte de dos uniformados de la Policía en medio de un procedimiento policial, la Fiscalía no investiga tales sucesos de manera conjunta.
Hasta el momento, el ente acusador delegó a tres fiscales de la Unidad de Vida para avanzar por separado con las diligencias, debido a que son hechos diferentes y ocurridos en varios lugares de la capital del país.
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