Revancha o justicia

La reelección de Uribe y su ascendencia en la política colombiana entre 2002 y 2010 tuvo su correspondiente contrapeso. No solo la oposición conformada por distintos partidos y vertientes políticas se interpuso a las aspiraciones de poder de Uribe y los miembros de su coalición, sino que la rama judicial y diversas instancias de la sociedad civil evitaron que la conversión de Uribe en el gran jugador de la política colombiana se tradujera en un proceso excesivo de concentración de poder.

Un caso diciente de la forma en cómo se evitaron desbalances en la pluralidad del poder fue la parapolítica. En su momento el papel de la rama Judicial y de la prensa fue definitivo para ponerle freno a políticos que utilizaban la fuerza para llegar al poder. Alrededor de un centenar de congresistas y numerosos alcaldes y gobernadores, aliados de Uribe, terminaron tras las rejas e investigados. Lo que, además, abrió espacios políticos a fuerzas diferentes en la democracia colombiana. Políticos como Petro y Claudia López se proyectaron ante la sociedad por el liderazgo que asumieron durante la parapolítica.

Sin embargo, a partir de 2010 hay un cambio en los equilibrios y la composición del poder político que va a tener repercusiones muy profundas en el papel de la justicia en la política. Con la negativa de la Corte Constitucional a un tercer período de Uribe y la llegada de Santos a la presidencia, junto a su ruptura con Uribe, ocurrió un distanciamiento entre los medios del Estado con el personaje político que hasta entonces concentraba el poder en el país. Uribe continuaba siendo el gran líder político, si se quiere el gran caudillo, pero en la práctica estaba desconectado del poder del estado. Las decisiones de gobierno las tomaban otros y progresivamente otras fuerzas políticas surgían.

A la vez que estas transformaciones tomaban lugar, continuaba la presión de un sector de la Justicia contra Uribe y el uribismo. Muchos políticos profesionales y exfuncionarios del gobierno de Uribe fueron investigados por la Justicia. Algunos acabaron en prisión o en el exilio. En un momento en que ya el uribismo no estaba en el gobierno ni tenía mayorías en el congreso, esta situación empezó a ser vista como una persecución judicial dirigida a expropiar a un sector de la clase política de sus derechos a participar en el juego democrático. El lenguaje público de algunos políticos antiuribistas y funcionarios judiciales, como el fiscal Eduardo Montealegre, en que se referían abiertamente de llevar a prisión al expresidente Uribe dejaron la sensación de que desde la Justicia se iba a definir el equilibrio del mapa político en Colombia.

Más temprano que tarde, la reacción del uribismo iba a ser utilizar los mismos recursos contra sus contrincantes políticos. Finalmente con la llegada de Duque al poder pudieron nombrar un fiscal y empezar a tomar retaliaciones. Ya lograron la preclusión del proceso contra Uribe por manipulación de testigos y el caso de Odebrecht tomó fuerza para inculpar personajes como Prieto que eventualmente pueden involucrar al expresidente Santos. La torta parece haberse volteado.

Para la democracia es muy grave cuando la justicia toma el papel de un mecanismo de revancha política. Y la responsabilidad es tanto de quienes usaron inicialmente la Justicia como de quienes aprovechan las nuevas circunstancias para tomar retaliaciones.

Sigue en Twitter @gusduncan