El preocupante panorama de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos armados

Pocos actos dentro de un conflicto armado generan tanto rechazo, pese a estar prohibido por la Convención Sobre los Derechos del Niño, como el reclutamiento de menores.

Más allá de que tratados internacionales los protege, el ELN, las disidencias de las Farc y otras estructuras como el Clan del Golfo siguen engrosando sus filas con niños entre los 14 y los 18 años.

Así lo ratificó la alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien viene adelantando un trabajo de sensibilidad en los gobernantes regionales y locales para articular desde las alcaldías y las personerías sistemas efectivos de protección para los menores en riesgo.

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¿Qué se hace desde el Gobierno para evitar el reclutamiento?

Hay una estrategia que la hemos denominado ‘Súmate por mí’. Se identificaron 210 territorios en donde hay mayor riesgo de reclutamiento y el fenómeno es que hoy en día no solo se llevan a los niños de su casa, sino que también los utilizan para otras actividades de los grupos delincuenciales; entonces la política pública va encaminada a la protección contra el reclutamiento, el uso, la utilización y el abuso sexual que estos grupos hacen de los niños, niñas y adolescentes.

¿Estamos hablando de menores entre qué edades y de qué perfil?
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Los niños a partir de los 9 años pueden ser reclutados o usados para efectos delictivos, pero la mayoría se concentra en adolescentes entre los 14 y los 18 años; muchos son inducidos a usar sus redes sociales o a vender droga en establecimientos escolares. Y utilizan muchas veces, de manera temporal, a los menores de edad que son proclives, precisamente, porque tienen unos entornos familiares no apropiados para garantizarles sus derechos.

¿Cuáles son las estructuras delincuenciales que siguen nutriendo sus filas con menores de edad?
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Están la guerrilla del ELN, los diferentes frentes de las disidencias de las Farc y está también el Clan del Golfo y todas las otras expresiones narcotraficantes que hay en el país, tanto grupos armados organizados como los grupos delincuenciales.

¿Cuál es la situación de ese reclutamiento en el Valle del Cauca?
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En el Valle del Cauca, entre el 2018 y el 2020, se han recuperado 219 menores de edad: 181 por parte de las Fuerzas Militares y 38 más por parte de la Policía Nacional. Quiero destacar que aunque el 2020 ha sido un año complejo en razón de la pandemia, en el Valle se han recuperado 47 niñas, niños y adolescentes.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un programa especial, a
él ingresan los niños que logran ser rescatados por la Fuerza Pública para efectos de reincorporarlos a sus familias y restablecer los derechos afectados.

¿Son reclutados para qué organizaciones ilegales?
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Son los mismos delincuentes que están dedicados al narcotráfico y a la explotación ilegal de minerales; es decir, a las economías ilícitas. Todos están en lo mismo, el ELN, las disidencias de las Farc son también grupos dedicados al narcotráfico y son los responsables de estas violaciones de derechos humanos.

¿Qué municipios del Valle son los más afectados con este fenómeno?
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Lo que hemos encontrado en cuanto a cifras de menores rescatados entre el 2018 y lo que va del 2020 en el Valle, es que la mayoría de esos 219 menores devueltos a sus hogares son oriundos del municipio de Palmira (21), de Tuluá (20), de Guacarí (19), de Pradera (17) y de Cali (17).

¿Son esos municipios los que siguen revistiendo mayor riesgo?
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Tenemos identificado que en esta región del país el riesgo persiste en el centro y norte del departamento del Cauca y en el sur del Valle, así como en la región del Pacífico, donde el Gobierno Nacional viene impulsando la estrategia ‘Zonas Futuro’, que trabaja en el fortalecimiento institucional, en la inversión social y la reactivación económica.

Las cifras dicen que estamos igual o peor que antes del proceso de paz?
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El fenómeno existe más o menos desde los años 80 y entre los años 80 hasta el 2000 hubo una cifra bastante elevada, luego en el año 2007 se creó la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y desde ese año se han hecho varios programas de prevención. Sin embargo, entre el 2011 y el 2020 hay una cifra de 4581 niños recuperados por parte de Fuerza Pública, entonces eso demuestra que lamentablemente el fenómeno se ha mantenido en el tiempo.

Entre el 2018 y el 2020 se han recuperado 1509 menores, es decir el 33% de la cifra total y en este último año, en el 2020, hay recuperados 446 niños por parte de la Fuerza Pública. Que quiere decir eso, que el fenómeno de reclutamiento se ha mantenido y ha sido constante.

“Estos grupos delincuenciales aprovechan la inimputabilidad de los menores de edad y la falta de cohesión familiar”, Nancy Patricia Gutiérrez. Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.

¿En qué circunstancias fueron recuperaron esos menores?
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Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a partir de información de inteligencia, de denuncias que se presentan o en medio de las operaciones que ellos tienen, van detrás de sacar a los niños, de rescatarlos con vida y de entregarlos al sistema de Bienestar Familiar. Hay casos de menores que en las ciudades hacen parte de organizaciones del narcotráfico, menores que los han ido reclutando bandas delincuenciales.

¿El reclutamiento en las ciudades tiene que ver con que los menores no son imputables? ¿Se ha pensado en cambiar la edad procesal?
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Muchas veces los niños sin voluntad también son utilizados, están cohesionados o engañados, y terminan aparentemente bajo su propia voluntad accediendo a estos grupos. Pero cuando se aprobó el Código de Infancia y Adolescencia hubo un gran debate sobre el tema, pero precisamente la filosofía es que un adolescente o un niño o una niña que termina vinculado a la ilegalidad requiere un tratamiento especial y, por lo tanto, no debe ir a una cárcel sino que debe reincorporarse a su familia.

¿Qué regiones del país son las que más le preocupan?
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Coinciden exactamente con las zonas de mayor violación de derechos humanos, cultivos ilícitos, explotación ilegal de minerales y toda la cadena del narcotráfico. Van desde el Catatumbo, atraviesa el sur de Córdoba, norte de Antioquia y hasta la costa Pacífica (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) y se extiende hasta Arauca, en la frontera con Venezuela. Es como una ‘C’ que tiene el mapa de Colombia donde se concentran los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los homicidios de líderes sociales.

¿Cuál es la ruta de atención? ¿Qué puede hacer una familia que siente que su hijo está en riesgo?
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Lo primero que debe hacer es acudir a la Policía Nacional, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el Sistema de Educación. Los profesores tienen la responsabilidad también de apoyar y hacen parte de esta Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento. Somos 22 entidades que tiene la obligación de, una vez se conoce la situación de riesgo, activar una ruta de protección que está ya definida.

¿Qué mensaje les están dando a los Alcaldes y Gobernadores?
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El compromiso total; hay identificados 210 territorios. Tenemos este plan ‘Súmate por mí’ que tiene financiación de cooperación internacional. La presencia en cualquier territorio la tienen las autoridades municipales y la Policía Nacional y por eso es necesario la articulación desde las alcaldías y las personerías para activar el sistema de protección. Este programa es prioridad del Presidente de la República porque se trata de la siguiente generación y tenemos que salvarla de la delincuencia.