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El general William Ruiz, director del Inpec, dice que esa sobrepoblación es el mayor problema que enfrenta la política penitenciaria del país. | Foto: Foto: Colprensa

¿Cuáles son las cárceles del país con mayor hacinamiento?, responde dirección del Inpec

El general William Ruiz, director del Inpec, dice que esa sobrepoblación es el mayor problema que enfrenta la política penitenciaria del país.

16 de junio de 2019 Por: Fernanda Torres Tovar - Colprensa

En una cárcel diseñada para 100 presos, viven casi 500; en otra con capacidad para 300, viven casi 1200. Esa es la realidad de las cárceles del país que tiene que manejar el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general William Ruiz.

Con 100 días en el cargo, el oficial entregó un panorama de los reclusos en el país. Además del hacinamiento, habló de temas como la prestación de salud, de la alimentación de los presos y de las estrategias de resocialización, en medio de condiciones difíciles.

También contó cómo es su lucha contra la corrupción dentro de los 132 centros penitenciarios del país y cómo impedir que haya internos que continúen delinquiendo desde la cárcel.

Han pasado 100 días desde que llegó al Inpec, ¿qué fue lo que encontró?

Tomada posesión el 5 de febrero recibo la dirección del Inpec con 2502 funcionarios y 12.270 miembros del cuerpo de custodia que son los que garantizan que el privado de la libertad en los establecimientos carcelarios cumpla su pena.

En el tema de privados de la libertad recibí un instituto con una capacidad para 80.230 cupos en las 132 cárceles que hay en el país. En ese momento tenía un sobrecupo de hacinamiento de 119.000 privados de la libertad, lo que reflejaba un porcentaje de 49.8%. A hoy, 100 días después, estamos en un 51.0% de hacinamiento.

Esto ascendió debido al trabajo que hace la Fiscalía contra el crimen organizado que dejan más capturas y más condenados, entonces estamos con una sobrepoblación de 121.200 privados de la libertad. En detención domiciliaria tenemos 60.200 personas y tenemos otra cifra que corresponde a 4900 privados de la libertad con brazalete electrónico.

Usted habla de aumento en el hacinamiento, ¿cuáles son las cárceles que más sufren este flagelo en Colombia?

En este momento tenemos la cárcel Riohacha en la Guajira con un hacinamiento de 376 personas. Este centro penitenciario tiene capacidad para 100 internos, pero hay 474 hombres y dos mujeres. Es decir, existe un 376% de índice de hacinamiento.

Le siguen la cárcel Andes en Antioquia, la de Santa Marta, la de Valledupar, la cárcel La Paz de Antioquia, la de Apartadó, la de Santa Barbara de Antioquia y el centro penitenciario Sonsón.

Por último está la cárcel de Cali, Villahermosa, donde hay un cupo de hasta 2046 personas y hay 5943 hombres recluidos. Es decir, acá tenemos sobrepoblación en un 190% que equivale a 3897 reclusos.

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De los 121.000 reclusos que existen en el país, ¿cuántos miembros de la Fuerza Pública se encuentran internos?

Del Ejército Nacional hay 81 uniformados investigados por cometer alguna acción contraria a la ley y como personas condenadas tenemos 206 miembros de esa fuerza. De la Armada están en condición de sindicados ocho personas y siete están condenados.

La Fuerza Aérea tiene dos uniformados señalados de cometer faltas en contra de la ley y tenemos seis condenados. También tenemos 297 miembros de la Policía procesados y hasta 409 condenados. De la institución (Inpec) hay 29 señalados y 18 condenados y del DAS existe un señalado y 17 condenados.

Los funcionarios públicos en algún momento resultan ser protagonistas de actos que los llevan tras las rejas. La corrupción ha sido el detonante de ello, ¿qué decir de esto y cómo atacarlo?

Es uno de los flagelos que debilita al instituto. La falta de transparencia y la falta de integridad de los guardianes. Desde hace cinco años la corrupción ha sido rampante, pero con una labor que se está realizando con la Fiscalía estamos saliendo al paso a lo que hoy tiene un nivel de no credibilidad. La lucha es frontal.

Desde 2012 hasta la fecha se han recibido 360 denuncias por conductas que relacionan la apropiación de dineros públicos, introducir o permitir el ingreso de elementos prohibidos tales como celulares, droga o bebidas embriagantes. En 2018 fue el año donde más denuncias tuvimos, fueron 100 funcionarios los que estuvieron en esos reportes. Lo importante es que por las 360 denuncias, 151 funcionarios fueron sancionados.

Precisamente para evitar actos que llevan a que se caiga la credibilidad de la institución se trabaja de la mano con el Ministerio de Justicia. A propósito de la llegada de la nueva Ministra, ¿cuáles son sus expectativas?

El Ministerio es el que direcciona al Inpec. Esperamos un fortalecimiento de la política criminal para que esta sobrepoblación de hacinamiento tenga un trabajo más acertado. Que la participación de los jueces nos aporte para ejecutar penas cumplidas, tres quintas partes, el 50% de la pena y eso ayude para que hoy ese hacinamiento se vaya reduciendo.

Los delitos más cometidos en Colombia son: narcotráfico, en segundo lugar el hurto y el tercero son los delitos sexuales.

Desde Minjusticia siempre se ha hablado de un proceso de resocialización, ¿cómo está trabajando el Inpec en ese aspecto?

Ese es uno los pilares para los privados de la libertad. Tenemos una dirección de atención y tratamiento que tiene programas dirigidos exclusivamente al condenado, los señalados no entran en ese proceso precisamente porque están en etapa de judicialización, ellos desde el mismo ingreso se le hace una caracterización y trabajo de perfil.

Se les ubica por el delito cometido, además de la condición en la que llega al centro, es decir, si tiene situaciones mentales o es consumidor. Después de ese proceso se empieza a calificar su accionar en alta, mediana y baja seguridad. Una vez se identifique estos en los pabellones se ubican en los programas educativos o programas de industrialización donde aprenden a realizar actividades que vayan de la mano con la redención de penas.

Precisamente tenemos una marca que se llama ‘Lidera’ y ellos entran a formar parte de una capacitación con el Sena e inicia su proceso como tal.

Minjusticia direcciona el Inpec, pero la Uspec es la que se encarga de mantener la infraestructura además de brindar salud y alimentación a los reclusos, ¿el Inpec considera que la entidad está cumpliendo con buenos servicios en cuanto a eso refiere?

La salud en el sistema penitenciario en este momento se cataloga como una de las mejores. Tenemos los recursos para que el privado de la libertad acceda a lo básico. Una atención médica primaria frente a una cita médica, eso se está realizando con toda la obligación de ley, por dolencia o por enfermedad.

Pero cuando se presentan cosas extraordinarias como riñas o intentos de suicidio, el tema de salud se activa y es atendido fuera del establecimiento, pero siempre se está garantizando el servicio. Hay debilidades ya que son 120 mil personas las que están recibiendo el servicio. Este servicio tiene algunos desaciertos que se están mejorando con la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios).

La Fiduprevisora es la que está generando el servicio a los reclusos.

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