Tres miradas al estudio ambiental sobre humedal cercano a Terminal Sur del MÍO

Que el ecosistema está afectado y la Terminal Sur del MÍO se debe reubicar, que no hay afectaciones en el entorno porque en esta zona no hay humedal alguno, que no hay motivos para remover el proyecto del sector de Valle del Lili, son algunas de las lecturas que desde varios sectores se le ha dado al estudio de impacto ambiental que realizó la Universidad del Valle y que tiene en suspenso el futuro de este proyecto de infraestructura.

El estudio no es concluyente ni determina si en el predio donde se contempla esta construcción se debe o no ubicar la Terminal Sur del MÍO. Este, que fue una solicitud expresa del Consejo de Estado, es más bien un diagnóstico técnico del estado actual del predio, del humedal El Cortijo y las condiciones ambientales del sector.

El documento, que fue radicado el pasado 3 de mayo ante John Erick Chávez, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo que lleva el caso, señala que en el sitio se han dado intervenciones que generaron una alteración del ecosistema en general, particularmente el suelo, el agua, el ambiente, la vegetación y la fauna.

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De acuerdo con el análisis de la Universidad del Valle, las afectaciones notificadas en el lote y el humedal El Cortijo fueron realizadas por la sociedad Jumanaisa y fueron previas a que Metrocali tomara posesión del predio. Allí se intervinieron dos diques para mitigar inundaciones, sin embargo se habrían alterado las condiciones del suelo, así como las escorrentías que conducen el agua que alimenta el humedal.

Se estima que en aproximadamente veinte días hábiles Chávez dé un veredicto en torno a la viabilidad o no del proyecto de la Terminal Sur. De su concepto depende que el Consejo de Estado levante la suspensión de la obra que, desde julio de 2018, tiene paralizado en el 9 % el avance del proyecto.

El País presenta tres visiones del análisis realizado por la Universidad del Valle, en las voces de un representante legal de la comunidad de Valle del Lili, el ente gestor del MÍO y un vocero de la firma que intervino civilmente el predio donde se proyecta la Terminal Sur.

Alberto Ramos Gárbiras, exprocurador ambiental y apoderado de la comunidad de Valle del Lili, asegura que los resultados del estudio de Univalle dan visos de que la Terminal del Sur debe ser reubicada para preservar el medio ambiente y la biodiversidad:

“Con el informe se reconoce la existencia del humedal, que algunos funcionarios estaban negando o diciendo que era solo una madrevieja o un meandro. Este humedal tiene más de 10.000 metros, algo así como unir dos manzanas, y hay que recuperarlo. Se talaron más de 1600 árboles, incluso después que se suspendiera la obra. Para poder intervenir un territorio hay que hacerlo sobre un plan de manejo de ordenamiento de la cuenca y la CVC no tiene este plan para el río Jamundí, porque el río Lili pertenece al Pance y el río Pance al Jamundí, ni se consultó a la comunidad ni se hizo gestión del riesgo; no se conocía el territorio antes de dar las licencias. Esta zona ha sido densificada y eso ha afectado las escorrentías que conducen el agua al humedal y al desecarlo, la zona es propensa a sufrir inundaciones; el humedal es la salvación de ese sector. También se evidencia que el suelo se ha ido interviniendo y hay un deterioro total de los ecosistemas en el sitio, es un daño muy grave. El estudio considera que no se debería afectar el territorio; si se hace esa terminal, se va a destruir el único paraje saludable del sector, habría una alteración del paisaje y el entorno”.

Jaime Quesada, director de Infraestructura de Metrocali, asegura que los resultados del estudio de Univalle le dan la razón al ente gestor del MÍO para seguir adelante con la construcción de la Terminal Sur:

“El estudio le da una factibilidad al desarrollo de la Terminal del Sur. En cuanto a los permisos ambientales otorgados, Univalle no contradice los estudios de la CVC, por el contrario ratifica las actuaciones de la autoridad ambiental, en concordancia de las compensaciones y mitigaciones ambientales. Las conclusiones y recomendaciones se dan en torno del desarrollo del proyecto, porque están encaminadas a medidas de mitigación y compensación, y cuando te dan una recomendación en ese sentido entiendes que el proyecto es viable.

Las alteraciones de las que habla el informe no fueron realizadas por nosotros, porque no hemos ejecutado ninguna obra civil. El estudio refiere que hay una presunta afectación del humedal, pero advierte que la hizo un tercero (Jumanaisa S.A.), y antes que adquiriéramos el terreno. Esa es una corrección que tiene que hacer Jumanaisa, no Metrocali, porque ellos fueron los que generaron el presunto daño ambiental. No vemos posible la reubicación porque esta localización obedece a un punto neurálgico y geográfico a nivel de operación. En este punto estamos en el al final de la zona urbana y al inicio de la zona de expansión, tener una terminal en ese punto estaba planeado desde el POT. Estamos positivos, hemos revisado el estudio desde lo técnico y jurídico y concluimos que puede haber un parte favorable hacia el desarrollo de la Terminal Sur”.

Juan Sebastián Ávila, abogado del fideicomiso El Cortijo y de la extinta sociedad Jumanaisa, advierte que esta última firma se limitó a hacer trabajos de prevención de inundaciones, bajo el rigor de licencias ambientales:

“Jumanaisa es una sociedad que ya no existe, pero fue miembro del Consorcio Patio Sur, que era el inicial ejecutor de la obra. En el 2007 inicia la ejecución contractual y del dique que había que hacer en el sitio para evitar inundaciones. Vale aclarar que el primer trazado del dique fue aprobado por Metrocali, los interventores y la CVC; ahí se incurre en algunos errores técnicos que la CVC percata y retrotrae la autorización, modifica las condiciones y ordena reparar el trazado errado. En principio, Metrocali le dijo al Consorcio Patio Sur que tratara de dejar un espejo de agua tipo La Babilla, en Ciudad Jardín, que se puede disfrutar desde la vía; después se dijo que había que cambiar el trazado. Jumanaisa hace toda la reparación ambiental y una corrección del dique -que va en el 70 %-. Allí nunca hemos hecho ninguna excavación ni apliques ni nada, entonces ¿por qué dicen que se ha lastimado el suelo? Científicamente esto no es un humedal, alcanza la categoría de meandro y no más, porque en verano se seca; además, no está registrado por el Instituto Agustín Codazzi. Hay un impacto ambiental que se está remediando dentro del marco de la ley y con la revisión de la CVC. Jurídicamente no es cierto que los planes de mitigación sean insuficientes, como lo dice Univalle, porque se presentó un plan y la CVC lo aprobó, le hizo seguimiento; para mí, el estudio de la Universidad del Valle es parcializado, manipulado. No nos pueden tratar de asesinos de fauna y flora, porque estamos cuidando el ecosistema”.

Descargue aquí el concepto técnico de la Universidad del Valle acerca de los impactos en torno al humedal El Cortijo