Policías que interceptaron al ‘Ñeñe’ habrían ‘chuzado’ a cinco de sus compañeros, dice Fiscalía

Ante el juzgado 62 con función de control de garantías, el fiscal séptimo, Daniel Hernández, le imputó cargos a dos uniformados de la policía, por realizar interceptaciones ilegales a cinco de sus compañeros y enmarcarlas  en el proceso que se adelantaba en contra del presunto narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández.

Hernández, quien falleció en Brasil durante el año pasado, era investigado por el homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, un negociante de la Costa Caribe conocido como el ‘Sastre’, a quien, al parecer, el mencionado Hernández y dos hombres más le debían alrededor de 1000 millones de pesos, y por eso mismo habrían ordenado su asesinato con ayuda de la banda de ‘Marquitos Figueroa’.

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De ahí que el abogado Andrés Cáceres, quien defiende los intereses de ‘Marquitos Figueroa’, estuviese en la diligencia de este sábado, en la que solicitó a las partes y al juez que su defendido fuese declarado como víctima en el proceso.

Tanto el delegado de la Fiscalía como el abogado de los uniformados, Miguel Del Río, y el mismo juez le dieron una negativa al abogado, al considerar que no era el espacio ni en lugar para hacer tal solicitud.

La diligencia continuó de manera virtual, en donde el fiscal Hernández expuso las pruebas por los cuales llevó ante los estrados judiciales a Yefferson Fabián Tocarruncho, mayor de la Policía, y Wadith Miguel Velásquez García, intendente de la Institución, capturados en la noche del pasado jueves.

Lo que señaló el fiscal del caso es que los dos uniformados habrían interceptado de manera irregular a cinco de sus compañeros, luego de que estos hubiesen adelantado un operativo en Cali, en el que se refundió un dinero.

Lo que dijo el fiscal del caso es que el mayor Tocarruncho le habría ordenado al intendente Velásquez adelantar interceptaciones ilegales en los celulares del uniformado Pedro Cita, el subintendente Yeferson Santiesteban, el patrullero Carlos Herrera, otro patrullero de apellido Calderón y el subintentendente Alejandro Garzón, con el fin de identificar si, finalmente, habrían incurrido en alguna acción irregular durante el operativo.

Lo que llama la atención del fiscal del caso es que tanto Tocarruncho como Velásquez, habrían aprovechado su cercanía con una fiscal, para exponerle que los números telefónicos de sus compañeros hacían parte de una organización criminal dedicada a cometer homicidios en la costa, y que por ende podrían estar relacionados con la investigación del ‘Ñeñe Hernández’.

La fiscal, quien habría depositado su confianza en los dos uniformados, no escatimó en dar la orden de interceptar dichos números telefónicos, sin tener en cuenta que estos se trataban de uniformados de la policía.

El fiscal del caso consideró importante mencionar, que el mayor y el intendente hoy detenidos se aprovecharon de su cercanía con la fiscal para adelantar tales acciones, con las que pretendía demostrar que sus compañeros eran responsables en el hurto de dinero del operativo en Cali.

En el informe que Tocarruncho y Velásquez le entregaron a la fiscal, daba cuenta que los números telefónicos de sus cinco compañeros eran de una organización criminal, por lo que no escatimaron en perfilar a cada uno de ellos, haciéndolos parecer como sicarios y extorsionistas al servicio del narcotráfico.

Lo uniformados, según el fiscal, pasaron esta información como si hubiese sido suministrada por una fuente humana, a quien denominaron como alias ‘La Penca'.

De acuerdo con el informe del fiscal, estas interceptaciones duraron alrededor de un mes y medio, después de ello emitieron cancelación de las mismas y pese a que en la información real de los analistas mencionaban que esos números telefónicos correspondían a miembros de la policía, los uniformados hicieron caso omiso de la misma.

Por estos hechos, el fiscal Hernández recriminó el actuar de los uniformados. “Mayor, usted generó la idea criminal, usted quería que se interceptarán esos números, quería saber si sus compañeros eran corruptos, pero sabía que no era la manera de hacerlo. Se debía presentar una investigación, pero usted no lo hizo de tal manera”.

Hernández consideró que los hombres son los presuntos responsables de los delitos de violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y utilización ilícita de redes de comunicación.