La crisis política en Perú pone a prueba la fortaleza de su economía

El domingo pasado, habiendo terminado las protestas en las calles de Lima, miles de peruanos estuvieron pendientes de la sesión del pleno del Congreso en la que votaban el presupuesto público para 2021 y en el que estaban en juego multimillonarios proyectos. En años anteriores, la ocasión merecía solo la atención de especialistas, pero las cosas han cambiado en Perú. Después de periodos en que el crecimiento económico se mantuvo alto pese a cualquier inestabilidad, hoy el país latinoamericano enfrenta dos crisis convergentes: la primera, la económica, que perfila para ser la segunda más profunda en la región (después de Venezuela); la segunda, la política, que limita la gobernabilidad cuando el país más la necesita. El temor es que el 2020 marque el fin de la era en que la política y la economía se manejaban “por diferentes vías”, apuntan expertos.

En abril, Perú acaparó los titulares internacionales cuando anunció un ambicioso paquete de estímulo económico que rondaría el equivalente al 12% de su Producto Interno Bruto (PIB), algo que especialistas aplaudieron como medida contracíclica a la parálisis económica que trajo la pandemia del coronavirus. Ocho meses después, los resultados han sido decepcionantes. La economía cayó un 30% en el segundo trimestre del año, su peor registro en la historia, y cayó de nuevo en el tercer trimestre. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la economía se contraiga en casi 14% este año. En estos meses de pandemia, y mientras las tasas de mortalidad eran de las más altas del mundo, el Congreso votó dos veces para destituir al entonces presidente Martín Vizcarra hasta que logró la salida del mandatario. En dos semanas de noviembre, Perú tuvo tres presidentes y las calles de la capital estallaron en protestas que fueron duramente reprimidas por policías.

El plan de apoyo a la economía falló porque las medidas que planeó la administración de Vizcarra se enfrentaron con un Estado atrofiado que, debido a la alta informalidad, no tenía identificados a los ciudadanos pobres que debían recibir los subsidios, coinciden especialistas. En las últimas tres décadas, el Gobierno trabajó para cuidar los indicadores macroeconómicos, pero descuidó la implementación de políticas públicas, opina el economista y profesor de la Universidad Católica, Edmundo Beteta.

“Se descuidó la necesidad que existe desde hace 30 años de fortalecer al Estado para regular y brindar derechos esenciales a la población, como por ejemplo educación y salud”, explica Beteta. Es decir, el país sudamericano planeó ejecutar un presupuesto millonario pero con un Estado incapacitado para ejecutarlo con la rapidez y probidad que el impacto económico de la pandemia lo requería. El investigador refirió que entre 2009 y 2019, el presupuesto en salud creció de 7.000 millones (2.000 millones de dólares) de soles a 20.000 millones (5.500 millones de dólares), “pero no se ejecutaba ni la mitad”. “Eso generó problemas de equipamiento y de recursos humanos”, añade.

Deuda a 100 años

En medio de estas crisis, Perú capitalizó su sólida posición en los mercados financieros internacionales y el 23 de noviembre colocó bonos de deuda por 4.000 millones de dólares, 1.000 millones de los cuales vencen en 100 años, una clara señal de confianza por parte de inversores extranjeros en el futuro del país. “La parte política y la parte económica en Perú han ido ‘por dos vías distintas”, dice Benito Berber, economista jefe para América Latina del banco de inversión Natixis. Los presidentes de las últimas décadas han sido pragmáticos, sin importar su alineación ideológica, explica Berber. “Incluso antes de Pedro Pablo Kuczynski, quien era de derecha, el anterior, Ollanta Humala, era de centroizquierda y finalmente resultó muy pragmático. Ratificó al presidente del banco central, nombró a un ministro de Finanzas y Economía, digamos, pro mercado. Cuando recién ganaron la elección había duda de si un gobierno de izquierda podía descarrilar la parte económica y no pasó”. Entre 2014 y 2019, la economía del país creció en promedio 3,1%.

“Y si nos vamos todavía antes de Ollanta Humala se da un escenario similar en donde pareciera que la parte económica y la parte política va por dos vías distintas. Uno podría suponer que los inversionistas globales pudieron haber pensado que este puede ser el caso en el futuro,” dice Berber, al teléfono desde Nueva York. “Yo creo que es una apuesta arriesgada, porque si llega a entrar alguien de extrema izquierda en Perú en las elecciones generales de abril, en un contexto en donde el Congreso se renueva pero sigue siendo populista, seguirían políticas de aumento de la deuda de una manera insostenible que podrían, en un eventual caso, poner a Perú cerca de perder el grado de inversión”.

Este año, algunas bancadas parlamentarias han aprobado leyes populistas que promueven la disponibilidad inmediata de efectivo, ya sea con el retiro de fondos de las aseguradoras privadas o las pensiones estatales, aunque las personas aún no hayan cumplido los años para liberar el dinero. En octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, dijo al Congreso que el estímulo fiscal que se está llevando a cabo para amortiguar el golpe de la pandemia representará casi el 20% del PIB y que probablemente aumentaría la deuda pública de 28% del PIB a 35% al final del año.

Corrupción estructural

La fallida implementación del paquete no solo se debe a la incapacidad del gobierno por llegar al casi 70% de la población económicamente activa que trabaja en informalidad, también hubo un componente de corrupción e irregularidades. La Contraloría identificó, por ejemplo, que las canastas de alimentos que las Municipalidades debieron entregar -con fondos proporcionados por el Ejecutivo- a las personas más pobres, llegaron indebidamente a más de 12.000 funcionarios y servidores públicos. Además, hace un par de semanas, el presidente de transición Francisco Sagasti reemplazó a la cúpula policial no solo por recientes hechos de violencia contra protestas pacíficas, sino por la corrupción -por sobrevaloración- en las compras de insumos para enfrentar la covid-19.

El Estado tiene un papel fundamental para reactivar la economía mediante la inversión pública, argumenta Beteta, “y en el fatídico segundo trimestre de este año, mientras la economía decrecía 30% respecto del año anterior, la inversión pública caía en 52% y, en junio, estaba en un porcentaje de ejecución de apenas 13%, que es bajísimo, más aun cuando el sector privado estaba impedido de producir por el confinamiento estricto”.

“El Estado tiene que recuperar un liderazgo en implementar políticas responsables que reactiven y contribuyan a estimular fiscalmente la economía en el contexto actual, y la primera actividad reactivadora del Estado es la inversión pública. Pero esta enfrenta más incertidumbre en su ejecución cuando las autoridades cambian con tanta velocidad,” apunta Beteta. “Hemos tenido cinco o seis ministros de Interior en lo que va del año, y cuatro ministros de salud. Con esa inestabilidad es muy difícil que el Estado haga lo mínimo: una política fiscal expansiva para contribuir a estimular la demanda”, sostiene.