La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recomendará la renovación de una línea de crédito con Colombia por unos 11.000 millones de dólares, solicitada por el gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, informó el jueves el organismo en un comunicado.
El FMI dijo que su directorio ejecutivo consideró el pedido del gobierno de Iván Duque de acordar una Línea de Crédito Flexible (LCF) con el organismo al mismo nivel de acceso que la negociada en 2018, lo cual equivale actualmente a 10.800 millones de dólares.
"Esta línea de crédito renovable ayuda a proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de buen desempeño económico", señaló el FMI.
Colombia se beneficia de esta LCF desde 2009.
El Fondo señaló que Georgieva "tiene la intención de recomendar la aprobación del acuerdo LCF 2020 para Colombia cuando el Directorio Ejecutivo del FMI se reúna nuevamente para tomar una decisión en las próximas semanas".
El gobierno colombiano agradeció la disposición de Georgieva, subrayando que las autoridades siguen considerando la LCF como una herramienta de carácter precautorio.
"Una renovación del acceso a este instrumento complementa la liquidez externa y conserva la confianza de los agentes en la economía colombiana, facilitando el acceso del país a los mercados financieros internacionales en condiciones favorables", dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El ministro Alberto Carrasquilla había anunciado el pedido al FMI el martes, un día depués de que Duque prolongara el confinamiento de la población hasta el 27 de abril para frenar la expansión de la COVID-19, que deja más de 2.054 contagios y 55 muertes en el país, según un conteo de AFP hacia las 18H00 GMT del jueves.
Colombia, cuarta economía latinoamericana, lidia con un déficit fiscal equivalente al 4,3% del PIB y un desempleo que el año pasado se ubicó en el 11,2%, su tasa más alta en nueve años.
La crisis sanitaria está golpeando especialmente a los trabajadores informales (que representan el 47% de la población económicamente activa) y amenaza con destruir cientos de miles de empleos.
Además, las finanzas colombianas se han visto golpeadas por la baja en los precios del petróleo, que representan el 9,3% de los ingresos del Estado.