Siete Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas le plantearon al Gobierno del presidente Iván Duque reconsiderar su decisión de iniciar nuevamente la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos.

De acuerdo con los relatores, tal decisión “supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente”.

Así lo advierten los relatores de la ONU -para Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medio Ambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el relator de los Derechos de Pueblos Indígenas- en una misiva que enviaron al Gobierno colombiano el 17 de diciembre de 2020 pero que solo se conoció hasta ahora por cuenta de la organización no gubernamental Dejusticia.

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Dicha entidad no estatal explica que en noviembre del año pasado había enviado, conjuntamente con otras 16 organizaciones sociales, una carta a la ONU planteando sus preocupaciones sobre el regreso de la fumigación aérea.

Además, sostiene la carta de los relatores que la aspersión aérea con el herbicida glifosato “también violaría el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en el 2016 entre el Gobierno de Su Excelencia y las Farc-Ep. Dicho Acuerdo de Paz establece que en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento se procederá a la erradicación manual, previa socialización e información a las comunidades”, agrega la misiva. 

También recuerdan los relatores en la carta a Duque que las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato “fueron detenidas por el Gobierno en octubre de 2015, en atención a que la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer (IARC, según sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como ‘probablemente cancerígeno’”. 

Así mismo, señalan que la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato “atentaría contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos: "la erradicación manual antes que cualquier otro método”.

De paso, expresan su preocupación al Gobierno porque las fumigaciones regresarían “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.

Fumigación, desde abril

La misiva de los siete Relatores Especiales de la ONU, dice Dejusticia, “ya tiene respuesta del Gobierno del presidente Duque, pero no se ha hecho pública”.

No obstante, el Gobierno nacional ha advertido que “están dadas las condiciones” para el regreso del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato.

A mediados de febrero pasado, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte dijo que “ya están preparados todos los equipos para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional” para reiniciar las labores de aspersión aérea del glifosato.

“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo el funcionario hace tres semanas.

Al referirse a una acción de tutela que fue interpuesta para frenar el reinicio del programa de aspersión aérea, Molano Aponte aseguró que “el Gobierno va a interponer todos los recursos legales para garantizar la aspersión, un mecanismo que necesario para complementar todos los otros esfuerzos en la lucha contra las drogas”, dijo.

En la sentencia T-236 de 2017 la Corte Constitucional condicionó la reanudación de la fumigación aérea al cumplimiento de siete condiciones relacionadas con la objetividad, imparcialidad y participación de la comunidad en el proceso de evaluación de los riesgos de este mecanismo a la salud humana y el medio ambiente.