La Justicia transicional ordenó a los Ministerios de Defensa y del Interior, al Comisionado de Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización, a la Fiscalía y a otras entidades adoptar de manera urgente las medidas pertinentes para evitar el asesinato de más excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las Farc.  

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la fecha más de 250 excombatientes han sido asesinados después de la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.

El organismo considera que los esfuerzos del Gobierno y de otras entidades del Estado para evitar nuevos crímenes de desmovilizados “no son suficientes”, advirtió la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.

Esta Sección emitió órdenes a distintas instituciones para que adopten las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de 9 mil excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

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Dice la Sala de Ausencia de Reconocimiento que proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP “no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado. La muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad plena, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde se encuentran los restos de sus seres queridos”.

Igualmente, señala que diez meses después de iniciar el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las Farc, la jurisdicción encontró que “se cumplen con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades, como a los Ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como exhortar a la Procuraduría General para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas”.

Las órdenes

Explicó la Sala que estas órdenes se impartieron luego de la audiencia pública nacional que se realizó en noviembre de 2020 en Antioquia, Meta y el suroccidente del país donde sus magistrados escucharon la rendición de cuentas de distintas instituciones frente al tema.

“A partir de esta radiografía, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP emitió tres autos el 26 de febrero con los que le ordenó:

1) Al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.

2) Requirió al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para que al término de 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP también ordenó que:

3) La Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, deberá fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.

4) El Ministerio del Interior deberá implementar indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, y mejorar su respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo que le sean advertidas.

5) La Unidad Nacional de Protección deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de los excombatientes.

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La JEP de igual forma ordenó:

6) A la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes de las Farc-Ep asesinados y que denunciaron previamente amenazas. Así mismo, deberá informar qué ha pasado con el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y denuncias reportadas.

Finalmente, la Sección exigió:

7) Al Consejo Superior de la Judicatura informar mensualmente sobre los procesos que reposan en sus bases de datos relacionados con delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.

Así mismo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó el recurso de apelación que interpuso el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y le advirtió que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.

“En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales. Por el contrario, mientras pasan los días, continúan sin tregua los hechos violentos contra los y las firmantes del Acuerdo”, le advierte la JEP.