Un año después de la aparición de los primeros casos de covid-19 en Colombia y en el mundo son muchas más las incertidumbres que las certezas alrededor del actual momento y del futuro que le espera a la humanidad, pero en lo que no hay ninguna duda es en la descomunal afectación que la pandemia ha causado entre las mujeres.

Esta crisis sin precedentes disparó los niveles de pobreza y pobreza extrema en América Latina, empeoró los escandalosos índices de desigualdad en la región, así como sus tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres, el verdadero rostro de esta pandemia. En su más reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) confirma cómo el impacto económico y social de la covid exacerbó las brechas de género, profundizó la informalidad laboral de las mujeres y la desprotección social femenina, atentando contra la autonomía y pleno ejercicio de sus derechos.

En nuestras propias familias, las historias de exclusión de las mujeres se cuentan por sí solas durante este infausto año largo de la pandemia. Hijas, madres y esposas trabajadoras que se quedaron sin empleo o debieron renunciar a ellos para dedicarse a la economía del cuidado en sus hogares; mujeres que por la pérdida de sus pequeños negocios cayeron en pobreza monetaria o saltaron a la informalidad; niñas y jóvenes estudiantes que no pudieron seguir formándose al no disponer de recursos económicos o herramientas digitales a su alcance; profesionales de la salud golpeadas por la injusta división sexual del trabajo en este sector, en el que representan el 70% de la población ocupada, pero soportan una brecha salarial de 23% respecto a sus colegas hombres.

A pasos agigantados, los efectos de la pandemia están borrando de un plumazo los avances alcanzados por las mujeres en materia de derechos, dejándolas cada vez más empobrecidas y vulnerables, además de expuestas a todo tipo de violencias de género, especialmente en áreas rurales o territorios de la Colombia profunda donde residen comunidades indígenas y afrodescendientes.

Hoy en su Día Internacional urge reivindicar la lucha por la igualdad de oportunidades para las mujeres con menos discursos edulcorados y más hechos concretos que se traduzcan en pactos sociales con enfoque de género. Por ejemplo, una renta básica para mujeres cabeza de hogar o bonos contra el hambre para sus familias expuestas a precariedad socioeconómica por la falta de ingresos, aunque la meta debe ir más allá hasta garantizar ingreso básico universal prioritario para mujeres vulnerables con hijos menores de edad y asegurarles una verdadera protección social con cobertura integral.

En esta coyuntura crítica en la que se definen políticas y financian ambiciosas estrategias de reactivación económica, es imprescindible apostar por una recuperación igualitaria y sostenible en la que se priorice la lucha contra la pobreza femenina, la inclusión digital de las mujeres y la sociedad del cuidado de las personas. Es una oportunidad valiosa para establecer un nuevo compromiso por la equidad de género que deje atrás la cultura del privilegio combatiendo el carácter estructural de las desigualdades e injusticias que lastran el desarrollo de las mujeres. Si se logra, se habrán dado pasos significativos para sentar las bases de un nuevo mundo poscovid que redefina la importancia de la economía femenina y fortalezca el papel de la mujer como pilar de la vida y la salud, tan amenazado durante este desafiante año.