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El Editorial | Máxima alerta en la Sierra

El regreso del llamado ‘El Señor de la Sierra’ genera temor e incertidumbre acerca de la reconfiguración de la guerra que se libra en la zona por el control de las economías ilícitas. Una situación que debe poner en alerta máxima a las autoridades.

Volvió al país, deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena de 12 años por narcotráfico, el exjefe del extinto Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hernán Giraldo Serna. Hombre extremadamente violento y despiadado que a través de las prácticas más infames y sanguinarias sembró con sus huestes asesinas el terror entre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta durante más de tres décadas de incesante actividad criminal. No en vano era llamado El Patrón, nadie se le oponía so pena de ser exterminado.

También era conocido como El Taladro por su aberrante condición de depredador sexual de menores de edad en el Magdalena, donde torturó, abusó y violó a por lo menos 200 niñas, a las que les destruyó la vida e incluso en algunos casos indujo a la prostitución. Giraldo usó la violencia sexual no solo para su satisfacción personal, sino como un método de control y castigo de la población: se ensañó contra niñas y mujeres extremadamente vulnerables para convertirlas en ‘trofeos de guerra’, un detestable ejercicio de poder que vulneró sus derechos y libertades sexuales y que además alentó a los integrantes de su grupo paramilitar a naturalizar los maltratos, agresiones, violaciones, abortos y embarazos forzados y la esclavitud sexual como prácticas de dominación.

Contra Giraldo están vigentes dos circulares rojas de Interpol y 46 órdenes de captura en el país. Por eso, luego de surtir los trámites migratorios correspondientes fue judicializado para que responda por las imputaciones en su contra y una sentencia ejecutoriada de 40 años dictada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla por sus múltiples crímenes como homicidios selectivos, desapariciones, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos contra personas protegidas.

Como postulado de Justicia y Paz, luego de su desmovilización en 2006 con cerca de 1.200 de sus hombres, está cobijado por los beneficios de la Ley, solo cumpliría una pena alternativa de 8 años de cárcel por los hechos delictivos que se le atribuyen. Giraldo participa desde 2019 en audiencias del Tribunal en las que ha expresado su voluntad de colaborar con la justicia cumpliendo con su compromiso de verdad y entregando bienes para reparación de sus víctimas, que se cuentan por miles: 3 mil asesinadas, 1.500 desaparecidas y más de 10 mil desplazadas, muchas de las cuales son miembros de pueblos indígenas. Una empresa criminal que arrebató a sangre y fuego las tierras de humildes campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta con el propósito de extender sus negocios ilícitos apuntalados en la comisión de delitos de lesa humanidad.

Sin duda alguna, una figura tenebrosa responsable de al menos 339 crímenes de guerra documentados entre 1982 y 1995, según la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. Tras su regreso, las víctimas de sus atrocidades esperan una confesión completa acerca de sus extensos hechos delictivos; en otras palabras, un verdadero y significativo aporte a la verdad de la guerra que tanto ha lacerado a la Costa. La mayoría de estas personas a lo largo de la Troncal del Caribe aún viven con miedo por el accionar de las macabras estructuras criminales, más de 10 surgidas tras el desmonte del paramilitarismo y herederas del imperio delincuencial de alias El Señor de la Sierra. Familias de directivas y estudiantes de la Universidad del Magdalena asesinados por órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y el propio Giraldo también reclaman verdad, justicia y reparación.

El Estado colombiano tiene el desafío de evitar que la llegada de Hernán Giraldo se convierta en un factor que atice la guerra y recrudezca las distintas formas de violencia por el control de la Sierra Nevada que enfrentan a los clanes intergeneracionales, guardianes de las economías ilícitas que el capo expandió en la zona. Su regreso, cantado desde hace meses, debe tomar a las autoridades preparadas para garantizar seguridad institucional a las víctimas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales, hoy en la mira de los ilegales.

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