La mañana en la que el terror regresó a El Salado
Esta semana se conocieron nuevas amenazas que reviven los hechos ocurridos en febrero del año 2000. El gobierno y demás entidades anunciaron acciones.
Alrededor de 17 panfletos fueron suficientes para paralizar a una población de casi 5.000 habitantes. “Entienda que no queremos líderes sociales ni drogadictos ni ladrones en El Salado. Están advertidos”, decía el mensaje que no habría causado tanto impacto al no ser por los recuerdos de los episodios de violencia que esa población ha vivido a lo largo de los años de la guerra.
“No fueron muchos los papeles distribuidos, pero el solo hecho de contener las palabras muerte y plomo lograron un efecto abrumador en todos nosotros”, contó una salaera vía telefónica a EL HERALDO.
Los pasquines, deduce la mujer, fueron distribuidos posiblemente entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, debido a que cuando los jornaleros se levantaron para comenzar la faena los hallaron “estratégicamente” en la vía principal del pueblo, “uno que otro en la plaza y otros más en las puertas de algunas viviendas”.
“Por supuesto que eso nos hace recordar la matanza de febrero del año 2.000. Aquellos días que transcurrieron en cámara lenta para nosotros y donde muchos de nuestros familiares y amigos fueron degollados, torturados y sus mujeres fueron violadas delante de todos; hubo un momento en el que llegamos a dudar de la existencia de Dios, pensamos y decíamos que él nos había abandonado”, dice la mujer al tiempo que se cuela —a través de la llamada—, el cantar de un gallo.
El papel que contenía la amenaza era de tamaño carta, con letras mecanografiadas en mayúsculas sostenidas y en color negro e iba firmado por el grupo ‘Águilas Negras’. Estaba compuesto por dos párrafos principales y en uno de ellos se podía leer el mensaje: “Sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, expendedores de droga de esta comunidad. Estamos presentes en la comunidad y esta es nuestra segunda advertencia para que abandonen El Salado, Bolívar, o el plomo irá por ustedes. Estamos para limpiar la comunidad de esta plaga de gente”.
El documento contenía 11 fotografías a full color. “Las personas que aparezcan en esta lista se van o vamos por ustedes”. Pero las intimidaciones no solo iban en contra de las personas que cumplían con los perfiles descritos en los panfletos, también estaban dirigidas hacia las personas que hacen parte de la comunidad. Ese escenario plantea que la figura del líder social parece confundirse con la imagen de los criminales y consumidores de drogas.
Luis Torres, un hombre que aparece en la lista junto a su esposa, contó que las primeras intimidaciones llegaron a través de mensajes de texto el pasado viernes 15 de enero, y el sábado 16, posteriormente, llegaron los panfletos.
“Nosotros no hemos permitido que el pueblo vuelva a desplazarse, no queremos que eso vuelva a ocurrir y eso es lo que estamos previendo, por eso tenemos una solicitud y una protesta para que nos pongan seguridad por parte de las autoridades”, aseguró Torres.
Otro de los habitantes del pueblo aseguró que tras las amenazas en las calles “se siente el temor y están solas” debido al confinamiento obligado que les ha tocado enfrentar.
“Nos han quitado la luz en las noches, es en ese momento cuando escuchamos la circulación de motos de alto cilindraje que recorren el pueblo. Hay quienes aseguran haber visto a hombres vestidos con ropa de color oscuro paseándose por el pueblo portando armas largas”, contó el hombre.
Hacia el mediodía del pasado miércoles llegó una nueva amenaza. Una de las víctimas dijo a EL HERALDO que las intimidaciones llegaron como las primeras: a través de un mensaje de texto. El contenido del escrito les advertía a los líderes que no tenían derecho “a abrir la boca”.
“El Salado es una tierra donde la gente cree que jamás un grupo paramilitar entrará a masacrarlos nuevamente… El día que menos lo piensen entramos y todos los marcados morirán o simplemente acabamos con ustedes si no abandonan el territorio”, decía el mensaje.
Ante las denuncias, la Defensoría del Pueblo hizo la “presencia inmediata” en la localidad para coordinar acciones que den garantías a la población, no sin antes recalcar la necesidad de realizar una investigación a fondo de lo sucedido “sin descartar ninguna hipótesis”.
“Hay que considerar la presencia de miembros del ‘Clan del Golfo’ en la zona. Se requiere presencia de la fuerza pública y programas de apoyo psicosocial con la población de El Salado. La Defensoría del Pueblo acompañará a la comunidad para que se garantice la protección de sus derechos”, dijo el funcionario.
Al corregimiento llegaron también Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos, la Policía y militares, el alto consejero para la Estabilización y la Unidad de Restitución de Tierras, quienes en compañía de líderes de la comunidad participaron en un consejo de seguridad convocado para atender las intimidaciones. Al tiempo, la Fuerza Naval del Caribe anunció el despliegue de tropas que de manera permanente hacen presencia en la subregión de los Montes de María.
A su vez, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de El Carmen ofrecieron una recompensa de $20 millones para quien suministre información de los autores del panfleto.
Las intimidaciones estaban advertidas, pues la Defensoría del Pueblo en febrero de 2020 emitió una alerta temprana, en la que advertían que en el corregimiento líderes, jóvenes, movimiento de mujeres víctimas, docentes y la población en general “vienen siendo objeto de amenazas a través de medios electrónicos, escritos y a través de llamadas telefónicas. Estos hechos generaron desplazamiento a una de sus lideresas”.
“En el mes de junio de 2019, las AGC distribuyeron panfletos en el corregimiento de El Salado, donde anunciaban que en la zona baja de El Carmen de Bolívar establecerían un control territorial tal cual lo habían hecho en la zona alta del municipio”, registró la entidad en su alerta.
No obstante, el pasado jueves la Defensoría envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa, en la que pide “tomar medidas urgentes” para la protección de la población de la zona.
“Solicitó tomar medidas urgentes tendientes a la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de la comunidad de El Salado y adelantar con celeridad las investigaciones correspondientes para hallar a los responsables de estas amenazas que siembran el terror en esta población”, señala la carta.
Pero las amenazas y señalamientos siempre han sido una estrategia efectiva en contextos de violencia extrema, esta población ya había vivido una situación similar en diciembre de 1999 que antecedió la masacre de El Salado del año 2000. En ese momento un helicóptero sobrevoló el pueblo y lanzó panfletos que decían: “Coman y beban todo porque estas serán las últimas fiestas”.
Jaime Santamaría, profesor de la Universidad del Norte e investigador de REC-Latinoamérica y El Caribe, señala que “la marcación” y “la estigmatización” de una población como “pueblo guerrillero” era el mecanismo por excelencia que precedía la masacre en la lógica de la estrategia de expansión paramilitar; es decir, que primero se marcaba (se creaba el estigma) y luego se desplazaba o se mataba.
“Con respecto a El Salado no podemos decir que hoy se repiten los hechos de hace 21 años, los contextos son muy diferentes: no hablamos propiamente de una guerra intestina de posicionamiento de guerrillas y reacción contrainsurgente. Tampoco hablamos de acciones con mando unificado nacional como lo fueron en su momento las AUC que combaten a una guerrilla como las Farc. Hoy no hay nada de estos asuntos mal llamados ideológicos. Pero perviven otros: el interés en el territorio y el uso de la violencia como mecanismo eficaz para ejercer el poder y el control”, expone Santamaría.
Ahora bien, ¿por qué la posición de El Salado parece tan estratégica para los grupos armados? ¿Cómo se conectan las luchas de las víctimas después de la masacre del 2000 (en temas de memoria, reparación y restitución de tierras) con estas nuevas formas emergentes de violencia?
Con respecto a la primera pregunta, el académico apunta a la disputa por las rutas del narcotráfico y el control territorial de Los Montes de María. “Quien controla El Salado tiene el control del corazón de toda la región; además de estar cerca de El Carmen de Bolívar, el río Magdalena por Zambrano, las principales carreteras entre Oveja, El Carmen y San Jacinto, El Salado tiene una posición excepcional y envidiable para cualquier grupo que pretenda sacar droga desde el Magdalena Medio o desde el Catatumbo. Ese corregimiento parece ser una ruta propicia hacia el Mar Caribe que conecta con San Onofre y el Golfo de Morrosquillo”.
Con respecto a la segunda pregunta, es importante decir que las comunidades, como las de El Salado, “son muy activas” en lo que concierne a defensa de la memoria y los derechos humanos, algo que “no agrada” a grupos criminales como ‘Los Rastrojos’ o el ‘Clan del Golfo’.
“La incomodidad proviene del hecho preciso de que estos líderes son personas que están denunciando constantemente las amenazas, que están llamando la atención de la comunidad local y nacional sobre temas de tierras, violación de DD. HH., daños al medio ambiente y sobre actos de falta de garantías por parte del Estado”, dice Santamaría.
Para poder actuar, los grupos criminales “necesitan de la excepción”, de la “noche oscura” (cuando nadie mira ni habla), del anonimato, de la tierra de nadie.
“Estos grupos no tienen banderas contrainsurgentes como las antiguas AUC, pero sí necesitan de las ausencias institucionales y de los silencios sociales para operar con comodidad. Operar en la ambigüedad es más rentable cuando hablamos del tráfico de droga y armas. El crimen busca en la excepción y odia la normalidad”, resalta el investigador.
“El Salado es un pueblo que ve en los febreros de los últimos años cómo llegan visitas de políticos, organizaciones y todos luego se van y dejan el pueblo solo como antes. Muchas de las promesas no han sido cumplidas; el alcantarillado tan prometido fue construido a medias, por lo cual no funcionaba. Las luchas de restitución y reparación aún siguen en pie. La memoria que se escribe sigue haciéndose más allá del discurso victimizante”, argumenta Santamaría.
A finales de los noventa, El Salado quedó en la mitad de una guerra intestina de posicionamiento estratégico y disputa por el territorio. Los frentes 35 y 37 de las Farc, bajo el mando de Martín Caballero, hicieron de El Salado una especie de retaguardia y lugar de descanso.
Esta cercanía de la guerrilla, su contacto continuo y habitual, hizo que El Salado —como muchos pueblos campesinos de todo el país— fuese rotulado como “pueblo guerrillero” y, por eso mismo, fuese convertido en un objetivo militar por parte de Carlos Castaño y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. “Se puede decir que la marca era el hecho simbólico que permitía que un pueblo o comunidad fuese algo matable para el poder paramilitar”, dice el profesor Jaime Santamaría.
El desenlace terrible y excesivo ya lo conocemos: una cancha convertida en teatro de la atrocidad y con un cadalso improvisado donde fueron torturadas y asesinadas, al menos, 40 personas solo el 18 de febrero de 2000 por un ejército de 400 hombres armados; sin embargo, la masacre dejó al menos 60 fallecidos y se ejecutó por varios días. Ese episodio fue visto como una victoria militar e inauguró las acciones del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María.
Según la Unidad de Víctimas, a la fecha, El Salado ha recibido cerca de $500 millones en su proceso colectivo. A través del acuerdo con el Banco Mundial se implementó una estrategia de mediadores comunitarios que certificó a 63 pobladores, 33 de ellos en la actualidad son multiplicadores en otras veredas y corregimientos
En 2018 se entregaron dos esquemas especiales de acompañamiento familiar que benefician a hogares en proceso de retorno y reubicación. La unidad ha avanzado en la implementación de la estrategia “Entrelazando”, que busca reconstruir el tejido social y las relaciones de confianza.
