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Ante el centro de servicio del Complejo Judicial de Paloquemao, la Fiscalía General radicó un documento que contiene una de las decisiones más importantes de la administración de Francisco Barbosa: la solicitud de preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y cohecho. Es decir, que le pedirá a un juez que le autorice archivar el expediente contra el expresidente.
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El documento de cuatro páginas, conocido por El Espectador, fue firmado por el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, quien apenas en dos líneas argumenta la determinación del ente investigador: “atipicidad del hecho investigado. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”. Se espera que alto funcionario de la Fiscalía explique a fondo esta decisión ante un juez en las próximas semanas.
En horas de la mañana, a través de un comunicado de prensa señaló que “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.
La noticia, que promete ser una de las más importantes de 2021, rápidamente generó revuelo en el país político y claramente en las personas que hacen parte del trascendental expediente. Uno de los primeros en salir fue el senador Iván Cepeda, quien figura como víctima en el proceso, señaló que “El fiscal Jaimes se convirtió prácticamente en abogado de Uribe”. Durante una rueda de prensa, el congresista del Polo Democrático señaló que “las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa”.
A renglón seguido, el exfiscal general, Eduardo Montealegre, quien también pretende ser considerado como víctima en el caso, aseguró que “Existió un claro sesgo político, un desvío del poder en la recolección de estas pruebas. Fungió y cumplió, no el rol del fiscal que investiga procesos y que protege la verdad, sino que se convirtió de facto en un abogado más de la defensa de Álvaro Uribe. Además, pretendió desconocer la validez de toda la prueba realizada por la Corte Suprema de Justicia”.
El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe Vélez, aseguró que la decisión del ente investigador “era la única conclusión posible a la que podían llegar los investigadores”. “Aspirábamos que ocurriese eso. Teniendo en cuenta el conocimiento que hay sobre el material probatorio, era la única conclusión jurídicamente posible”, señaló Granados en entrevista con RCN Radio.
sostuvo en ese medio radial que esa determinación del fiscal Jaimes Durán se constituye en un paso más hacia la dirección de la verdad y que se haga justicia en el “entramado injusto que vinculó judicialmente al expresidente Uribe (...) ya será el Centro de Servicios Judiciales el que agende la audiencia ante el juez que le corresponda por reparto en el circuito de Bogotá y ese día cuando estemos convocados todas las partes intervinientes, podremos escuchar los argumentos de la Fiscalía y conocer el por qué llega a esa conclusión”.