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La pospresidencia en Perú es un estado peligroso. Cuatro expresidentes de este país terminaron investigados por corrupción en uno de los escándalos más graves de los últimos años en América Latina: Odebrecht.
Esta empresa brasileña, que pagó sobornos a diestra y siniestra a gobiernos de toda la región a cambio de contratos y licitaciones, confirmó que aportó dinero a las campañas de los expresidentes de Perú Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), además de la candidata Keiko Fujimori.
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El caso ha pasado factura en Perú: deja a un expresidente fallecido, uno enfermo, otro más con prohibición de salir del país y, finalmente, uno prófugo hasta ayer, cuando las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron para enviarlo en extradición a Perú.
García, acosado por la justicia, se suicidó el 17 de abril de este año; Kuczynski terminó internado por presión arterial y problemas coronarios justo en medio de la investigación por presuntos actos corruptos; Ollanta Humala, acusado de lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña y de la minería ilegal para su campaña política, está a punto de ser condenado a 20 años de cárcel, junto con su esposa, Nadine Heredia.
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Toledo, el prófugo
Y finalmente Alejandro Toledo, quien fue arrestado este martes por autoridades del estado de California. La última vez que se tuvieron noticias de Toledo fue el pasado 30 de junio, cuando el diario Perú 21 publicó una foto suya y de su esposa, Eliane Karp, saliendo del hotel Washington Plaza. Su detención está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaran haber pagado US$20 millones al exmandatario para obtener licitaciones en obras públicas, especialmente la de tres tramos de la carretera Interoceánica Sur.Ver más: ¿Qué está pasando en Perú?
En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció que había llegado a un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, uno de sus colaboradores más cercanos, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales.
El Departamento de Justicia estadounidense venía analizando el pedido de extradición presentado por la Fiscalía peruana, que se basa en los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión agravada en dos casos distintos: Odebrecht y Ecoteva, el caso que finalmente facilitaría el proceso de extradición, según expertos legales peruanos.
Caso Ecoteva
Por su participación en el llamado “caso Ecoteva”, la Fiscalía peruana pide una pena de 16 años y ocho meses de cárcel para Toledo y su esposa, Eliane Karp.Ecoteva es una empresa fundada por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, de acuerdo con la prensa peruana, con una única finalidad: lavar millones de dólares.
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Relatan investigaciones de los diarios El Comercio y La República que Ecoteva tenía dos cuentas en el banco Scotiabank de Costa Rica. “La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero y allí entró la suma de US$17 millones”, relata la prensa. El dinero, señaló entonces Toledo, provenía del gobierno alemán, que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre los que se encontraba Fernenbug, su suegra.
Pero investigaciones posteriores revelaron que ese dinero era producto de un préstamo del banco, solicitado por la empresa y cancelado casi tres meses después. De acuerdo con funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, hacer préstamos innecesarios es una modalidad para blanquear dinero en los paraísos fiscales. Y por eso el expresidente, su esposa y varios excolaboradores suyos también están en la mira de la justicia.
Perseguido político
Tras conocer su detención, uno de sus abogados, Heriberto Benítez, declaró al Canal N de televisión que conversó por última vez este lunes con el exgobernante sobre “aspectos legales” del proceso de extradición. Benítez reiteró que Toledo es víctima de una “persecución política”. Algo que ha repetido en varias oportunidades el exmandatario, quien desafió a la justicia a demostrar cómo terminaron en sus manos los presuntos sobornos. Comienza una larga batalla jurídica para Perú.