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El presidente y expresidente de la multinacional minera Drummond deberán responder en juicio como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir. Se trata de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, quienes, supuestamente, habrían promovido y financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Cesar a finales de los años 90. La Fiscalía confirmó la acusación este miércoles.
El ente investigador asegura que tiene en su poder abundantes y suficientes pruebas que dan cuenta de la presunta responsabilidad de los dos directivos en la financiación de las AUC, una conducta declarada como de lesa humanidad. El fiscal del caso estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía, entre 1996 a 2001, habrían aumentado el valor de un contrato para suministrar alimentos con una empresa proveedora y así obtener recursos adicionales. Estos recursos los habrían destinado a obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte del grupo paramilitar.
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De acuerdo con la información del ente investigador, la filial de Drummond en Colombia se habría beneficiado del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las autodefensas. Los criminales, supuestamente, recibieron financiación para tomar control de municipios del Cesar como El Paso, Becerril, Chiriguaná La Jagüa Ibirico y Agustín Codazzi. Los altos mandos de la empresa, según la teoría de las autoridades, contactaron al grupo armado para que les brindara “seguridad”, pues los paramilitares incursionaban y hacían presencia en las mismas minas, así como en la vía férrea que transportaba el carbón a sus respectivos puertos.
Por otro lado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió, en 2021, al empresario y ganadero Jaime Blanco Maya. Se trata de un excontratista de la compañía estadounidense Drummond que fue condenado en 2013 a 38 años de prisión por el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa. Blanco Maya, medio hermano del excontralor Edgardo Maya y de Ángel El Kiri Maya (condenado por nexos con el paramilitarismo y luego asesinado), se comprometió ante esta justicia a revelar detalles de uno de los capítulos más controvertidos y menos indagados del conflicto colombiano: la supuesta financiación de grandes compañías a grupos armados ilegales.
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Aunque en ese plan presentado a la JEP no se dan más detalles, la pista que sí hay es que Fiscalía ha dicho que Blanco Maya tenía una estrecha relación con el Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, un ganadero de Valledupar que está preso en Estados Unidos desde 2008 por narcotráfico. Durante el juicio, el ente investigador señaló que el empresario Maya ordenó el asesinato de los sindicalistas, quienes promovieron una huelga en la Drummond con el fin de forzar el cambio del contratista que proveía el servicio de alimentos a los trabajadores: Industrial de Servicios y Alimentos (ISA), propiedad de Blanco Maya.
En abril de este año, el exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, condenado a 30 años por homicidio, señaló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Augusto Jiménez Mejía, presidente de la multinacional carbonífera Drummond entre 1989 y 2019, sabría de los asesinatos que paramilitares perpetraron contra líderes sindicales de la misma empresa. Por su parte, la multinacional respondió que el testigo miente y que solo busca beneficios. Actualmente, el proceso judicial ante la justicia ordinaria sigue en atención a los lineamientos definidos en la Ley 600 de 2000, anterior al Sistema Penal.
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