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El exsenador Álvaro Ashton Giraldo, investigado en la Corte Suprema de Justicia por varios hechos como la parapolítica, caso Odebrecht y el cartel de la toga, fue finalmente aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para responder por los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado. Esta decisión se da después de que, en enero de este año, esta jurisdicción le pidiera ampliar y explicar detalladamente la manera cómo aportará verdad sobre los hechos y reparación a las víctimas.
Con respecto a la guerra, de acuerdo con la JEP, las primeras verdades que revelará serán sobre la parapolítica. Ashton esclarecerá la llegada de su sobrino, Fabián Ashton, como empleado al Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), “entidad estatal cooptada por el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia entre los años 2004 y 2006”.
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Otra de las verdades será su papel en la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz, la que reglamentó la desmovilización a las AUC, y “las presuntas extorsiones de las que fue víctima por parte de miembros de las AUC, quienes, al parecer, le pidieron dinero con el fin de no denunciar sus nexos con las autodefensas”.
Asimismo, aseguró que explicará las dinámicas del fenómeno de la parapolítica en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Valencia, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Repelón, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Uiacurí, Polonuevo, Galapa y la ciudad de Barranquilla.
Ashton, además, ampliará información sobre la reunión que sostuvo con Carlos Mario García Ávila, conocido en la guerra como Gonzalo o El Médico, comandante del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Revelará quiénes lo acompañaron, los resultados de dicho encuentro y la forma en la que obtuvo la votación cuando fue elegido como senador en 2006.
La JEP también consideró que su participación en el cartel de la toga, en el que habría pactado una coima de 1.200 millones para que se le archivara su investigación en la Corte Suprema, tiene relación con el conflicto y será investigado y juzgado por sus togados.
Aunque el exsenador por el Partido Liberal llevaba otro proceso en la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, atentar contra la libertad sexual de menores, este proceso no fue aceptado dentro de la JEP por no estar relacionado con el conflicto armado.
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Finalmente, se comprometió a participar en procesos de reparación en los departamentos de Magdalena y Atlántico. Para ello también le hizo una serie de propuestas a los magistrados de la JEP. En primer lugar, ofreció su voluntad de proveer brigadas de salud compuestas por psiquiatras y psicólogos para atención a víctimas en el municipio de Soledad, Atlántico, afectado por el paramilitarismo.
En segundo lugar, dio su palabra de suministrar becas en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud (CORSALUD), de donde es miembro fundador y existen programas técnicos, tecnológicos y universitarios en áreas de mercadeo, seguridad, contaduría, computación, entre otros.
Ashton planteó la posibilidad de contribuir en conferencias e investigaciones para contar lo que sucedió en el conflicto armado, participar en programas de reconocimiento de responsabilidad y petición de perdón a las víctimas, para la construcción del tejido social.
Por último, propuso la creación de una fundación para lo no repetición, que permita la reintegración de víctimas y victimarios en la zona de influencia del Hospital Materno Infantil de Soledad. Su objetivo es que no haya detrimentos ni fallas de servicios o instalaciones.
Aunque la JEP lo aceptó con este aporte de verdad, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas le hizo más observaciones sobre la ejecución de estas propuestas y le pidió “concreción en su programa de aporte a la verdad”.
Cabe recordar que la Sala de Definiciones Jurídicas, en 2018, le negó la entrada argumentando que el político no estaba siendo investigado por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario cometidos en el marco del conflicto armado.
A pesar de esto, volvió a presentarse con un programa de verdad ampliado que finalmente le ayudó a que la JEP decidiera declarar de su competencia algunos de sus casos. El exsenador ha declarado que hizo parte de la estrategia de Jorge 40 para apoderarse del poder político en el Atlántico. A cambio de su apoyo en las elecciones, los congresistas elegidos ponían a disposición de los paramilitares sus puestos en el Congreso para, desde allí, direccionar políticas públicas en favor de los intereses de las AUC.
Desde 2002, se estableció una alianza clara entre políticos y paramilitares. Esto dio como resultado que los segundos pusieron en el poder a los primeros y que se cometieron crímenes en los que colaboraron unos con otros. Por este escándalo se han condenado a alcaldes, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores y otros.