Aunque desdibujada por inéditas e inaceptables expresiones de violencia – infiltradas, pero también propias – al margen de la ley, así como una desbocada represión al filo del cataclismo, la protesta indígena tiene asidero, en tanto permanecen marginados de mínimos de bienestar, por inacción de gobiernos y complicidad de una sociedad indolente. En tal contexto, aun existiendo sólidos argumentos para eliminar subsidios a los combustibles – detonante del reclamo – reforzados por la urgencia de remediar la crisis heredada ex profeso por el correísmo, es indudable que sus efectos, de haberse mantenido, habrían golpeado con dureza a los más pobres.
Las condiciones de salud de los indígenas son marcadamente deficitarias; el Observatorio Social del Ecuador documentó sensibles diferencias entre niños, niñas y adolescentes indígenas con sus pares mestizos, por ejemplo pobreza (59% frente a 25%) y desnutrición crónica infantil (48.7 % y 21%).
También desiguales coberturas de agua, saneamiento e higiene (20.9% vs. 55%); similar tendencia en mortalidad materna (94.1 vs. 55.7).
A pesar de avances, provincias con alta población indígena mantienen (INEC 2016) crónicas debilidades; número de médicos 25% menor que promedios nacionales; Cotopaxi con la tasa más baja de odontólogos; Tungurahua y Chimborazo con reducido número de consultas y unidades de Atención Primaria de Salud por habitante. Como ellos, muchas personas y familias del campo y la ciudad viven en entornos no saludables, con barreras económicas, geográficas o burocráticas para acceder a servicios de salud.
El diálogo logrado a elevados costos, algunos irrecuperables; vidas perdidas, polarizaciones impregnadas de rencor, destrucción con saña del indefenso patrimonio quiteño, debe conducir a un compromiso nacional por reducir desigualdades incompatibles con el desarrollo y fermento de reclamos legítimos, pero también de embustes populistas; a construir espacios locales gobierno-ciudadanía que mejoren condiciones de vida, salud y educación, con especial celo en los más pobres; a crear condiciones – incluida la nominación de autoridades competentes – para construir políticas de salud de Estado que corrijan el desgobierno precedente y la inercia actual; para universalizar la salud, promover, prevenir y desarrollar un Sistema Nacional basado en Atención Primaria de Salud.
Pero además a recuperar la salud mental del Ecuador con un pacto cívico nacional para nunca más repetir el horror vivido; para que la barbarie no se entronice como método de solución de conflictos; para escuchar al otro y encontrar caminos convergentes.
A recordar la advertencia de un iluminado sanitarista argentino: “el dilema shakespereano de ser o no ser casi siempre termina en tragedia”.