Abril es el mes más ardiente y desolado de lo que en Nicaragua llamamos el verano, ausencia de lluvias y sequedad de los campos, los ríos agostados y el sol a plomo que funde las visiones del paisaje en una bruma candente, desolación y también muerte.
En abril de 2018, hace un año, estalló la rebelión popular contra Daniel Ortega, un alzamiento juvenil que habría de durar en las calles al menos seis meses. Una rebelión desarmada, pero reprimida con crueldad marcada por la venganza, igual que más de seis décadas atrás bajo otra dictadura.
El 4 de abril los estudiantes habían dejado las aulas para salir a protestar por un incendio provocado por depredadores, con la impunidad de siempre, en la reserva selvática Río Indio-río Maíz, y fueron reprimidos por las fuerzas de choque amparadas por la policía.
“Las calles son del pueblo”, había sido la consigna convertida en regla por años, y esto quería decir, las calles son de las organizaciones del régimen. Un monopolio impuesto por la violencia y por el miedo.
Y poco después, el 18 de abril, ante un decreto que gravaba las magras pensiones de la seguridad social, prendió toda la pradera. Cuando los ancianos salieron a protestar, fueron agredidos por las turbas oficiales, y entonces los estudiantes se lanzaron a respaldarlos.
La repuesta policial y paramilitar fue espantosa. Las cuentas de los organismos de derechos humanos no bajan de 500 asesinados, centenares de heridos, más de 600 prisioneros políticos, miles de desterrados, medios de comunicación clausurados, sus propietarios y directores en prisión o en el exilio.
Y la economía se halla en ruinas. Sacarla del abismo tomará años, y tendría que ser un emprendimiento concertado por un nuevo gobierno democrático, porque Ortega perdió ya todas las posibilidades de futuro. Se niega a reconocerlo, y en cambio se empeña en ganar tiempo, cuando el tiempo ya se agotó. Ni tiempo, ni espacio para maniobrar.
Abril devolvió el país a los jóvenes, quienes aún impedidos de marchar por las calles ante la amenaza de persecución y cárcel no dejan de pugnar por un cambio a fondo y la recuperación plena de la democracia. Y no han cesado los esfuerzos por hallar una salida concertada, que impida más derramamiento de sangre.
La Alianza Cívica, que representa a las fuerzas democráticas, logró firmar con los delegados del régimen en la mesa de negociaciones algunos acuerdos fundamentales, entre ellos la libertad de todos los presos políticos en un plazo de tres meses, y el restablecimiento inmediato de las libertades democráticas y el cese de la persecución.
Ortega se comprometió así a lo obvio, y a lo que de todos modos estaría obligado: cumplir con la Constitución; pero ha burlado esos acuerdos. Los presos siguen en las cárceles, y todo el que intenta manifestarse es apresado. Miles de policías y paramilitares siguen desplegados en las calles.
Y se ha negado a discutir el restablecimiento de la democracia, que empieza por la convocatoria a unas nuevas elecciones con fecha anticipada, con nuevas autoridades electorales, reglas transparentes, y observación internacional; con lo que, un año después del estallido liberador de abril, la crisis está lejos de resolverse.
Pero la hierba verde renace de los carbones, dice Cardenal en Hora O.
