viernes
7 y 9
7 y 9
No seré yo, que he salido a marchar varias veces, quien critique a quienes deciden hacerlo ahora. Los derechos son buenos para todos, no solo para quienes tienen nuestra misma posición política o ideológica. Más aún, eso es la democracia: igualdad frente a la ley, sin discriminación, y oportunidad para quienes no están en el gobierno de manifestarse y, si lo consideran necesario, protestar. Así que si antes he pedido que se respete mi derecho, ahora pido lo mismo para los otros, por mucho que no comparta las motivaciones.
Motivaciones que no solo son infundadas sino abierta y descaradamente mentirosas. La causa, según los promotores, son “las reformas pensional y laboral y el paquetazo económico neoliberal que prepara el gobierno Duque” por, dicen, presión del FMI. Ocurre que no hay reforma pensional o laboral ni, tampoco, “paquetazo”. De considerarlas necesarias, el Gobierno se ha comprometido a llevar las propuestas de esas reformas a la mesa de concertación laboral. Pero a esta hora “no hay una sola letra escrita de la reforma pensional o de la laboral”, dijo la minTrabajo, que también advirtió que no es verdad que se vaya a acabar Colpensiones. Por cierto, el aumento del salario mínimo de este año fue de 6 %, casi el doble de la inflación (3,18 % para 2018), un porcentaje generoso como pocos en nuestra historia. Y si algún gobierno latinoamericano no necesita acudir al FMI es este. No hay y no habrá tal “paquetazo”. Las razones alegadas son falsas. La verdadera motivación es debilitar al gobierno Duque tanto como les sea posible.
Todos los tratados establecen que la manifestación y la protesta deben ser pacíficas. El Estado no solo tiene el derecho sino tiene el deber de reprimir a los vándalos y neutralizar a los violentos, usando la fuerza de manera proporcional, sin excesos pero con firmeza. Tanta como sea necesaria. La Fuerza Pública debe estar preparada para capturar a los responsables en flagrancia. La Fiscalía está en la obligación de legalizar las capturas de inmediato y procesar judicialmente. La impunidad de los delincuentes, no me cansaré de repetirlo, solo invita a la repetición del crimen.
Por otro lado, se deben regular el paro y las marchas. Los tratados internacionales dicen de manera inequívoca que el ejercicio de estos derechos está “sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática”. A la pregunta de si es posible y lícito regular “la protesta social” la respuesta es inequívoca. El Estado no solo tiene el derecho sino que es su deber establecer las condiciones en que debe ejercerse el derecho, “en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”, dicen los tratados. De manera que el Gobierno debería definir con claridad, entre otras cosas, los lugares de concentración, la ruta de las marchas y los horarios permitidos, las “restricciones” en medio de las cuales pueden ejercerse la protesta. Regulación razonable.
Además, no hay que olvidar nunca que no hay derecho que no tenga limitaciones y deberes correlativos. El respeto de los derechos ajenos es el primero. Así que cuando los manifestantes agreden a otros o dañan propiedades públicas o privadas, no solo deben ser rechazados sino, insisto, capturados. En el momento en el que la protesta deja de ser pacífica cesa el derecho de los manifestantes y nace la obligación para el Gobierno de controlarla, reducir a los saboteadores y capturar a los terroristas. El Gobierno tiene la obligación de garantizar que se pueda protestar, claro, pero su tarea básica es proteger los derechos y libertades de todos, no solo la de los manifestantes. Nunca será legítimo que se acepte o tolere la violación de los derechos de los ciudadanos so pretexto de defender la protesta.
En fin, a mí no me preocupa el paro. Mi miedo es la deriva violenta, el eventual efecto contagio de Chile. Ese debe ser evitado, con absoluta firmeza, por los organizadores del paro y por los manifestantes. Y, si le toca, por el Gobierno: no puede dudar ni por un instante en usar la fuerza necesaria y proporcional si lo obligan a ello. Si muestra debilidad, se lo tragan los acontecimientos.
