POR ARIEL SRIBMAN MITTELMAN
En octubre se celebrarán en Argentina elecciones presidenciales. A lo largo de las últimas semanas, los candidatos a presidente han ido presentando sus fórmulas; es decir, han escogido a sus candidatos a la Vicepresidencia y han hecho pública tal decisión. Con una excepción: Cristina Fernández de Kirchner. Quien fuera presidenta entre 2008 y 2015 ha hecho saltar por los aires la tradición y la normalidad institucional, presentándose como candidata a vicepresidenta y decidiendo quién sería el candidato a presidente al que acompañaría en el tique: Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de la propia Cristina entre 2003 y 2008.
En esta artimaña hay cálculo político; pero además hay algunas claves sobre la Vicepresidencia en general y sobre la cultura política argentina.
Cristina abona una idea muy arraigada en la política argentina: que quienes ocupan las instituciones pueden hacer con ellas y desde ellas lo que quieren. O, en otras palabras, que no existe lealtad institucional; y si existe, es una incómoda presencia a la que es posible y conveniente ignorar. Cuando en el pasado algún vicepresidente fue desleal a su propio Gobierno, tal comportamiento se consideró un escándalo. Pero si Fernández de Kirchner lanza abiertamente el mensaje de que la Vicepresidencia –y la Presidencia misma– está a su servicio personal, será difícil escandalizarse en el futuro ante deslealtades similares.
La maniobra de Cristina desprestigia la Presidencia y la Vicepresidencia: la primera, porque aparece como un títere de la segunda; la Vicepresidencia, porque se ve humillada, transformada en mero instrumento para consumar una artimaña política. Cabe preguntarse si a Cristina Fernández le preocupan siquiera mínimamente el prestigio y la credibilidad de las instituciones de su país.
Es interesante preguntarse qué ocurriría si los Fernández ganaran las elecciones y, una vez en el Ejecutivo, comenzaran a chocar. Con toda certeza se pondría de manifiesto una gran anomalía: que la vicepresidenta tendría más poder que el presidente. A su vez, ello desvelaría que el poder de uno y otro no tendría origen ni naturaleza institucional, sino personal. Cristina desplegaría un poder que desborda el natural de la Vicepresidencia, y el presidente vería artificialmente jibarizado su poder. Además, como consecuencia de lo anterior, la vicepresidenta probablemente podría forzar al presidente a renunciar, y ascender ella a la presidencia; la eventualidad de un presidente forzado a renunciar por su vicepresidenta supondría un flagrante trastorno institucional que traería aparejados inseguridad política e inestabilidad.
La Vicepresidencia presenta una característica problemática: la incapacidad del presidente de remover a su vicepresidenta. De ahí que Cristina solo puede articular su añagaza a través de ese cargo: mientras el presidente tiene disponibilidad sobre todos los demás miembros del Gabinete, la Vicepresidencia le garantiza que Alberto Fernández no podría apartarla del Ejecutivo en caso de colisión entre ambos.
Tras dos mandatos al frente del Ejecutivo, cabe esperar que Cristina Fernández sepa a qué se expone al introducir en su atanor de alquimista política ese elemento inestable y altamente inflamable que es la Vicepresidencia. El riesgo de su proceder, no obstante, excede ampliamente el círculo del Gobierno: un experimento fallido no solo haría explotar su laboratorio institucional, sino que las radiaciones emitidas afectarían severamente a una población de 45 millones de personas.
