La Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto ordenó en segunda instancia suspender de manera inmediata las actividades de erradicación forzada en 10 municipios del Pacífico nariñense, tras estudiar una acción de tutela interpuesta por una red de derechos humanos.
La decisión, que de acuerdo con el Tribunal tiene como fin proteger el derecho a la consulta previa, ordena suspender las actividades de erradicación forzada en los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
En su tutela, las comunidades, representadas judicialmente por la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redphana), dijeron que los derechos al consentimiento libre e informado, la paz, el debido proceso, la vida, la salud e integridad personal de estas comunidades están siendo vulnerados porque: “en estos lugares se vienen imponiendo procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, que responden a la política del Gobierno de turno y que desconocen y se oponen a los resultados y compromisos del punto 4 del Acuerdo Final para la Paz”.
Agregan que producto de esto: “las autoridades mediante el uso de la fuerza han ingresado a esos espacios colectivos a realizar operativos de erradicación forzada, en los que han traído nuevas formas de violencia y la agudización de otras como la producción de enfrentamientos entre la fuerza pública y erradicadores y la población, la muerte y lesiones a miembros de las comunidades étnicas, la destrucción de sus bienes y los cultivos de pancoger”.
Por último destaca esta tutela que estos operativos se han hecho sin la previa consulta y asentimiento de los colectivos sociales y sin que se den las causales que legalmente permiten la erradicación forzada como instrumento subsidiario.
