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Corte Suprema acusó a excongresista María Cristina Soto por presunta compra de votos en La Guajira
La Sala de Instrucción la acusa por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
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La excongreista María Cristina Soto será procesada por su presunta compra de voto para llegar al Congreso en 2018. Foto: Tomada de página del Congreso de la República y Colprensa.
18 de abril de 2024
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó este miércoles a María Cristina ‘Tina’ Soto de Gómez, quien fue representante conservadora a la Cámara por La Guajira, entre 2018 y 2022.
El alto tribunal deberá escuchar en juicio, a través de su Sala Especial de Primera Instancia, a la excongresista, quien deberá de responder por delitos relacionados con compra de votos, como corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
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Soto, presuntamente habría participado en algunas de las irregularidades que se presentaron en la contienda electoral de 2018, cuando resultó electa en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador con unos 4.366 votos, más del 17% de todos los comicios en favor de su movimiento político en La Guajira.
De acuerdo con la investigación, la exrepresentante, al parecer, le entregó dinero a líderes políticos del departamento para que consiguieran votos a su favor, a cambio de pagos, consagrando así una supuesta red de corrupción electora.
Además, presuntamente habría entregado información falsa a las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, acerca de las cuentas de ingresos y gastos que tuvo durante su campaña.
Por tanto, la Corte ha tomado la decisión de procesarla de forma preliminar por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, además de los tres por los que fue acusada. Sin embargo, la Sala de Instrucción determinó que esos cargos precluyeron.
El pago que Soto presuntamente entregaba a cada persona, además de la garantía del transporte a los puestos de votación, rondaba entre los $20.000 y los $50.000, y al menos tres implicados reconocieron ante la Corte su participación.
La excongresista ya había sido citada a indagatoria por parte de la Corte Suprema en noviembre de 2021, cuando hacía parte de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara, luego de algunas interceptaciones telefónicas y algunas pruebas recaudadas.
Unos cuatro meses después, en marzo de 2022, la política de Barrancas (La Guajira) presentó su renuncia al Congreso, alegando “momentos difíciles”, que incluyeron la muerte de su esposo “y desafíos que han menoscabado mi salud”, aseguró.
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