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Más de 11.000 personas han sido desplazadas en 2021 en Colombia
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En la foto, un desplazamiento masivo en Cáceres, Antioquia, en octubre de 2020. FOTO JAIME PÉREZ
08 de marzo de 2021
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La Defensoría del Pueblo se pronunció para hacer un llamado a las autoridades de orden nacional para que adopten medidas frente a los hechos violentos que han ocasionado el desplazamiento forzado de más de 11.000 personas en lo corrido de 2021.
Según detalló Carlos Camargo Assis, el defensor del pueblo, este año se han desplazado en total 11.150 personas que han estado expuestas a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los grupos ilegales en diferentes regiones del país.
“Han sido 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias, 11.150 personas, de las cuales el 90 % pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano”, apuntó Camargo Assis.
Dentro de ese reporte, el defensor aseguró que 40 comunidades en Chocó, Cauca y Nariño han sufrido confinamiento ante la amenaza de grupos ilegales, resaltando que se ha llevado ayuda a lugares como El Salado, Bolívar, sur del Cauca, Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó.
Ante este llamado de la Defensoría, EL COLOMBIANO habló con el miembro de la Comisión de la Verdad, Leyner Palacios, quien aseguró que hace falta una intervención social y humanitaria del Gobierno en esas regiones afectada por el desplazamiento forzado, donde están poblaciones étnicas y campesinas, a merced de los grupos armados.
“Desde 2020 he insistido en que se está presentando un recrudecimiento de la guerra en el país, especialmente en el Pacífico. Con preocupación he venido manifestando hechos de violencia en el Bajo Atrato, San Juan, Quibdó, y otras localidades chocoanas, que así como en otros departamentos, necesitan un acompañamiento del Estado”, planteó Palacios.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo aseguró que los hechos de violencia protagonizados por ilegales son consecuencia de las disputas en jurisdicción de las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad.
“En lo que va del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana. En estos lugares, donde se presentan los casos, la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre otros”, detalló la entidad.
Confrontación de ilegales
En el informe oficial, se detalló que las 11.150 personas desplazadas en 2021 en Colombia, han decidido huir de sus territorios atemorizados por casos de homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional.
En cuanto a los grupos ilegales involucrados en estos hechos, se detalló que están en disputa disidencias de los frentes 36 y 18 de las Farc, el Eln, el bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado contra el clan del Golfo en el occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como minería ilegal y trata de personas.
“No es justo que a pesar del paso del tiempo estas poblaciones sigan a merced de los grupos armados, que a su vez están violando los derechos de las comunidades, que quedan en medio de la confrontación, esto puede desencadenar una tragedia como la ocurrida en Bojayá, en el año 2002”, planteó el comisionado de la Verdad.
En ese sentido, Palacios, quien es víctima de la masacre de Bojayá, aseguró que las entidades del orden nacional y el Estado colombiano deben atender urgentemente el desplazamiento masivo enviando brigadas de salud y ayuda humanitaria, en primer lugar, y posteriormente pensar en el diálogo para lograr el desarme de los grupos ilegales.
Sobre la atención que ha brindado la Defensoría, Camargo Assis resaltó que se han desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales, para un promedio de cinco a siete servidores por cada caso y que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática.
“Se reitera a las autoridades la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos así como confinamientos”, se detalló en el pronunciamiento de alerta por desplazamiento.
En medio de ese panorama y en el marco de la Mesa Nacional de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas que sesionó en Quibdó, Chocó, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que desde el Gobierno se están articulando con las autoridades indígenas y la Fuerza Pública, las acciones necesarias para garantizar la protección de las familias que han tenido que desplazarse de sus territorios.
“Protegeremos a quienes se han desplazado o que se mantienen confinadas por cuenta de la siembra de minas antipersonal y de los enfrentamientos entre las organizaciones armadas por el control de las actividades criminales del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales”, aseguró la funcionaria.
Adicionalmente, Gutiérrez destacó que se verificará la situación de orden público en municipios como Bahía Solano, Bojayá y Alto Baudó, en Chocó, donde unas 700 familias han resultado afectadas por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y el clan del Golfo.
En el caso del Urabá antioqueño, la semana anterior se reportó el desplazamiento de más de 200 personas de los resguardos indígenas del Río Murindó y el Río Chajeradó, zona donde estarían en riesgo de desplazamiento unos 4.000 indígenas por temor a la confrontación armada y a las minas antipersonales.
“Tenemos una flagrante violación a los derechos humanos de estas comunidades indígenas. La información que nos dan es que tenemos un desplazamiento de unas 280 personas y nos dicen que están saliendo más comunidades indígenas hacia otros sectores”, detalló el gobernador (e) Luis Fernando Suárez.
Por esa razón, el funcionario departamental detalló que se acelerará el proceso de desminado, que no es de carácter humanitario por la confrontación en el territorio, y además de aumentar el pie de fuerza se apoyará a las comunidades con el envío de ayudas.
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