Gobierno asegura que pilotos de Fracking darán respuesta a Contraloría
Duque se reunió con el Grupo de Diálogo Minero. El proyecto de ley de “coordinación y concurrencia” se presentará en la próxima legislatura.
Duque se reunió con el Grupo de Diálogo Minero.(Presidencia de la República)
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez le salió al paso a las observaciones de la Contraloría frente al tema de la práctica del fracking para explotación de petróleo en Colombia.
Al término de la reunión del presidente, Iván Duque con los integrantes del Grupo de Diálogo Minero, la funcionaria aseguró que a través de los programas piloto de investigación que iniciará el Gobierno Nacional, se dará respuesta a las observaciones presentadas por el organismo de control.
Considera que, “Colombia tiene que llenar unos espacios de conocimiento y que esos espacios de conocimiento se llenan con investigación, una buena manera de llenar esa investigación es vía los pilotos, que es la ruta que el Gobierno ha dicho que seguirá de acuerdo a la recomendación de los expertos”.
Se trata de llenar vacíos existentes en materia de información, “de conocer mejor el subsuelo, de entender sus acuíferos y que la manera de tener esa información es vía investigación”.
Aseguró que las consideraciones de la Contraloría van en la misma vía Comisión de Expertos que recomendaron hacer esa investigación, “vía unos pilotos de investigación integral”, que iniciarán en los próximos días para ejecutar el tema con el rigor científico que se requiere.
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Por otra parte, frente al encuentro con el Grupo de Diálogo, aseguró que se hicieron varias propuestas que serán estudiadas por el Gobierno.
La ministra Suarez afirmó que apoyaron el tema del acto legislativo de regalías al igual que hicieron propuestas, “en fomento minero, en extracción ilícita de minerales y en la ley de coordinación y concurrencia que estamos trabajando para el próximo semestre”.
Frente a este último tema existe expectativa entre el Gobierno, las autoridades locales, los gremios, las compañías y otras partes interesadas, teniendo en cuenta que la norma debe dirimir los conflictos que se presentan entre Estado-región al momento de adelantar proyectos de explotación minera en el país.
